La denunciante es la líder y representante del pueblo Paî Tavyterã, Digna Morilla, quien afirmó que los niños y adolescentes supuestamente también son sometidos sexualmente por esta gente.
“A raíz de lo que había manifestado la señora Digna, abrimos una investigación de oficio en la Unidad Especializada, ya que la trata de personas es un hecho de acción penal pública. Es considerada un crimen, una violación de derechos humanos; y tratándose de niños y adolescentes es mucho más grave”, explicó la fiscala Natalia Acevedo.
La agente integra el equipo que investiga los hechos, junto con la fiscala María Isabel Arnold.
Las fiscalas se constituyeron los días pasados en Pedro Juan Caballero, a fin de recabar información, para saber si el caso está o no vinculado a la trata, en la cual se da una captación, un traslado y una acogida para la explotación.
“La trata de personas con fines de trabajo forzoso es una de las peores formas de trabajo infantil”, detalló Acevedo.
Indicó que ese hecho fue considerado en el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que es competencia de la Unidad Especializada Contra la Trata y la Explotación Infantil.
Según había denunciado Digna, al desaparecer los adolescentes de la comunidad se sospecha que van para trabajar en las plantaciones de marihuana.
Si bien no está especificada la cantidad de menores que estarían siendo reclutados, hay dos adolescentes individualizadas desaparecidas, así como dos personas adultas.
Según la fiscala, ya hay antecedentes de otras desapariciones de menores indígenas, que se encontraban en esta misma situación, y posteriormente encontraron sus cuerpos sin vida.
“Hubo otros casos en la Unidad que llevaron otras colegas, de adolescentes que fueron llevadas al Brasil a la explotación sexual”, indicó.
Ahora que inicia la investigación se están recabando datos y se solicitaron informes.
NARCOTRÁFICO. Según la denuncia pública, los reclutamientos estarían ligados con narcotraficantes.
La representante de Paî Tavyterã mencionó que estos les llevan para trabajar y que a su vez las menores son violadas, embarazadas y prostituidas, hecho investigado.
Denunció ante el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) que las jóvenes mujeres indígenas son captadas por personas que no son del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que les hacen trabajar y luego las asesinan.
Desde el 2015
Digna Morilla había reclamado que ya en reiteradas ocasiones habían hecho las denuncias de casos similares, pero que no tuvieron respuestas.Desde el Ministerio Público, sin embargo, detallaron que ingresaron denuncias desde el 2015 aproximadamente y que tuvieron investigación.La fiscala Natalia Acevedo detalló que en esa zona ya tuvieron varias causas similares a las de ahora. Explicó que siguen en la obligación de perseguir, sancionar y erradicar la trata de personas, como parte del convenio de la OIT.
