Por un lado, son necesarias políticas públicas que incrementen el ritmo de crecimiento económico. El crecimiento incrementa el tamaño de la torta cuya distribución puede alcanzar a una mayor cantidad de personas para obtener empleos de calidad, mejorar sus ingresos y alcanzar mejores estándares de vida. Sin embargo, las políticas que incrementan el crecimiento económico implican disciplina y esfuerzo de parte del Estado, las familias y las empresas.
Por ejemplo, es necesario invertir en infraestructura básica, en educación y salud de alta calidad, en capacidad instalada y en nuevas tecnologías para incrementar la producción y la productividad. Para financiar estas inversiones públicas y privadas se requiere incrementar la tributación y el ahorro público y privado. Esto significa restringir los gastos corrientes y los programas de transferencias del Estado; aumentar los aportes jubilatorios de los trabajadores reduciendo su consumo. En resumen, las políticas para crecer más rápido imponen esfuerzos y sacrificios para las generaciones presentes para alcanzar un mayor bienestar en el futuro, especialmente para nuestros hijos y nietos.
Sin embargo, en sistemas económicos y sociales cada vez más complejos, la distribución de la producción y los ingresos resultantes entre los participantes del proceso productivo es también muy compleja. Económicamente aquellos recursos más escasos y más productivos tienen mayor remuneración, por lo cual la distribución necesariamente resulta desigual. Esto genera grandes confusiones, es la fuente principal de conflictos en las sociedades contemporáneas y las soluciones planteadas con regulaciones y grandes programas redistributivos insostenibles han generado estancamiento y crisis recurrentes.
Alcanzar los umbrales de un país desarrollado en esta época de libertades y democracia requiere una sintonía muy fina que combine una economía de mercado competitiva que genere los incentivos para ahorrar, invertir e innovar continuamente para crecer, con políticas públicas que minimicen la desigualdad resultante en la distribución de los ingresos. No hay una solución mágica. Hay que encontrar una combinación adecuada entre tasas de crecimiento de convergencia y niveles mínimos de bienestar basados en políticas redistributivas. Cada país debe encontrar su camino en base a un diálogo social sincero e informado entre los distintos estamentos de la sociedad.
Un aparato estatal eficiente que preste bienes y servicios públicos de buena calidad es un instrumento fundamental para promover una sociedad igualitaria garantizando un acceso universal a servicios de educación, salud y otros servicios esenciales para el desarrollo del capital humano de las personas independientemente del nivel ingresos de las familias de origen. En esto estamos fracasando todos los países y en especial nuestro país.
Necesitamos transformar la educación para mejorar drásticamente su calidad y garantizar un acceso universal a servicios de salud de calidad. Además, es necesaria una distribución equitativa de los costos que requerirán la mejora y ampliación de estos servicios para lo cual debemos avanzar hacia una mayor progresividad del sistema tributario. Estas son las grandes prioridades y desafíos de nuestro país para avanzar hacia una sociedad más desarrollada y más igualitaria en las próximas décadas.
Para generar confianza y capital social para dialogar, son necesarias señales de cambio por parte de los actores políticos en la asignación de los recursos públicos. Terminar con el clientelismo en la contratación y promoción de funcionarios y crear un mecanismo transparente de concursos públicos; terminar con la discrecionalidad en los reajustes salariales con una política salarial que promueva el desempeño; etc. El proceso necesariamente es gradual y requiere un amplio consenso que trascienda a los gobiernos de turno.
