Desde varias vías que comunican a Santa Cruz, en el este, con el resto del país, oficialistas, comerciantes y choferes marcharon para desbloquear calles y avenidas, pero fueron enfrentados por vecinos que apoyan la huelga, según imágenes difundidas en redes sociales.
Los choques fueron, principalmente, con piedras y petardos, y no hay hasta el momento reporte oficial de heridos o lesionados.
El primer día de huelga, el pasado sábado 22, se la violencia entre bandos dejó un muerto.
Sectores de Santa Cruz, locomotora económica de Bolivia y la región más poblada de Bolivia, comenzaron la huelga para exigir al gobierno de Arce adelantar un año un censo de población fijado para 2024.
Los manifestantes exigen que se realice un censo para saber con precisión cuántos habitantes tiene la región y, por lo tanto, acceder a más recursos económicos públicos y ampliar su representación en el parlamento.
Rómulo Calvo, líder del Comité Cívico de Santa Cruz, una organización civil-empresarial, dijo que “el gobierno será responsable de lo que vaya a pasar” por haber movilizado a sus simpatizantes a las calles.
“Hemos llamado a la paz, hemos pedido que no haya conflicto, pero tampoco nos vamos a quedar con las manos atadas si el Gobierno nos está mintiendo. Nos está haciendo perder el tiempo queriéndonos sentar a dialogar, sin embargo, sigue mandando gente”, dijo el líder cívico.
También consideró posible que lo detengan y responsabilicen de lo que ocurra en esa región, pero sostuvo que el único responsable de estos sucesos es el Gobierno nacional.
Sindicatos de cocaleros, aliados de Arce, pidieron al gobierno que decrete “un estado de sitio”, una medida que restringe las libertades constitucionales, para frenar el clima de violencia en Santa Cruz, según el dirigente Dieter Mendoza.
Mendoza culpó al líder civil Calvo y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, “por la zozobra” que se vive en la ciudad.
El gobierno y Santa Cruz han intentado sin resultados una acuerdo. La medida ha afectado la exportación de soya, azúcar y carne, y parcialmente el transporte público y el comercio. Según el gobierno de Arce, las pérdidas económicas ascienden a 40 millones de dólares diarios.
Pedido a la OEA
La opositora Creemos, partido del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió este lunes a la Organización de Estados Americanos (OEA) una “sesión especial” de cancilleres sobre el conflicto por el censo en Bolivia. “Como bancada de la Alianza Política Creemos y víctimas del... Gobierno boliviano, solicitamos al Consejo Permanente de la OEA abordar con carácter urgente y en una sesión especial”, refiere el partido.