EFE
En una audiencia ante la CorteIDH, con sede en Costa Rica, el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, dijo que el caso se enmarca dentro de la represión militar de la época y pidió a los jueces una condena contra el Estado para que esclarezca los hechos.
El 24 de octubre de 1975 Vladimir Herzog, de 38 años, se presentó a declarar voluntariamente ante las autoridades militares del DOI / CODI de Sao Paulo, pero fue detenido arbitrariamente, torturado y luego ejecutado, según indica la demanda.
Las autoridades brasileñas de la época informaron que se trató de un suicidio, una versión catalogada como falsa por la familia del periodista y en la demanda.
“Brasil vivió dos décadas de una dictadura cívico militar que de forma sistemática reprimió a militantes políticos, intelectuales, sindicalistas y periodistas. Cientos fueron ejecutados o desaparecidos, miles fueron torturados o sometidos a graves abusos, muchos por simplemente ser opositores al régimen o pertenecer a colectividades políticas declaradas ilegales. El periodista Vladimir Herzog fue uno de ellos”, expuso Lanza.
El relator detalló que el comunicador “fue detenido arbitrariamente, torturado y asesinado por agentes del Ejército, con el propósito de acallar una de las voces más importantes del periodismo y mandar un mensaje de amedrentamiento a cualquier voz crítica y disidente en el periodismo”.
Lanza aseguró que Herzog formó parte de una generación de periodistas críticos de los regímenes en América Latina junto a otros como el argentino Rodolfo Walsh, desaparecido en la dictadura de su país, y el uruguayo Eduardo Galeano, exiliado.
“Tras un reportaje sobre la primera década del golpe militar Herzog comenzó a ser vigilado. Como director de periodismo de TV Cultura, fue acusado de hacer proselitismo a favor del comunismo y fue estigmatizado como la infiltración de la izquierda en el medio de comunicación”, declaró el relator de la CIDH.
La demanda contra el Estado indica que nadie ha sido juzgado ni condenado por este hecho, y pide a la Corte que reitere su jurisprudencia que ha encontrado incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho internacional la aplicación de leyes de amnistía y el concepto de cosa juzgada para casos de violaciones a los derechos humanos.
En la audiencia rindió declaración Clarice Herzog, viuda del periodista, quien urgió a la CorteIDH una sentencia que permita a la sociedad “conocer la verdad” de lo ocurrido durante la dictadura.
Herzog pidió a los jueces que obliguen al Estado a investigar y esclarecer lo sucedido, además de encontrar a los culpables de la muerte de su marido, quien fue “un hombre bueno que murió a palos”.
Entre los alegatos del Estado figura una indemnización económica que se le entregó a Clarice Herzog, la rectificación del acta de defunción del periodista y tres páginas sobre el caso Herzog en un libro publicado en 2007 por la Comisión de Desaparecidos Políticos.
La CIDH ha indicado que a pesar del reconocimiento “administrativo” de los hechos por parte del Estado, no se han conducido investigaciones para buscar justicia.
Los familiares propusieron en 1976 una acción civil en la Justicia Federal que desmintió la versión del suicidio y en 1992, el Ministerio Público del Estado de Sao Paulo pidió la apertura de una investigación policial, pero el Tribunal de Justicia consideró que la Ley de Amnistía era un obstáculo para investigar.
Tras otro intento de esclarecer los hechos, en 2008 el caso fue archivado por prescripción, según la demanda.
La CorteIDH emitirá una sentencia en los próximos meses.
