El pleno de la Corte Suprema suspendió ayer sin goce de sueldo y dispuso acusar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a la jueza Ninfa Torres de Ramos, por haber concedido la prisión domiciliaria al narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapalo.
El resultado de la auditoría de reacción inmediata halló varias irregularidades y recomendó un sumario administrativo, pero la mayoría de los ministros señalaron que debía ser suspendida sin goce de salario y remitir los antecedentes al JEM.
Además de la suspensión y la acusación ante el Jurado, también se hará un sumario por el hecho a la magistrada, aunque no se podrá dictar resolución con respecto a ella en el sumario.
También serán sumariados los jueces que se inhibieron. Entre ellos, están Carlos Raúl Zelaya y José Armando Mendoza, para saber si lo hicieron correctamente, a más de la actuaria Nélida Bogado y el médico forense del Poder Judicial, Dr. Gustavo Brítez.
DICTÁMENES. Es que los dictámenes médicos que se dieron por parte del citado Gustavo Brítez, más el de la forense del Ministerio Público, Dra. Ana Duarte, y la de la Dra. Giselle Lezcano Rivas, médico de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, eran prácticamente los mismos, con las palabras casi exactas. Todas fueron presentadas el 9 de noviembre, incluso, pareciera con la misma letra.
Además, la fiscala de Ejecución, Norma Rosa Solís, también dio su consentimiento al pedido de prisión domiciliaria para el narcotraficante por un periodo de 3 meses, en la vivienda ubicada sobre la calle Brasil, a una cuadra de la avenida Monday, de Ciudad del Este.
El pedido fue presentado por el abogado José Basilides Lezcano, defensor del condenado Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló.
Lo que también les extrañó a los ministros fue que los dictámenes eran similares, no tenían cargo, y que el condenado tenía 50 años, cuando que para la concesión de la prisión debe ser desde los 70 años, dijeron.
Chapaló tiene una sentencia por narcotráfico de 26 años de cárcel, a más de otra por lavado de dinero, a 3 años de encierro que estaba cumpliendo. Al final, la orden de prisión domiciliaria, finalmente fue revocada y no se cumplió.
