EFE
En ese caso, las autoridades investigan si un decreto sancionado por Temer, y que alteró la ley de puertos, benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que lidera el propio jefe de Estado.
Es la primera vez que la Justicia brasileña determina la quiebra del secreto bancario de un presidente en el ejercicio de su mandato, que en el caso de Temer, cuya popularidad se sitúa en un escaso 6 %, empezó a mediados de 2016 y concluye el próximo 1 de enero de 2019.
El propio Barroso, autorizó recientemente prorrogar por dos meses más esa investigación, abierta en septiembre del año pasado a petición del entonces fiscal general de la República, Rodrigo Janot, quien ya denunció a Temer en dos ocasiones durante 2017 por otros asuntos relacionados con la corrupción.
Temer informó en un comunicado que “solicitará al Banco Central los extractos de sus cuentas bancarias” referentes al periodo solicitado por el magistrado del Supremo, el cual abarcaría entre 2013 y 2017, según medios locales.
Además, el gobernante señaló que “dará a la prensa total accesos a esos documentos” y resaltó que no tiene “ninguna preocupación” en relación a la información que contienen sus cuentas bancarias.
Temer ya entregó el pasado 18 de enero por escrito las respuestas a las 50 preguntas formuladas por la Policía Federal en relación a este caso.
La decisión del juez Barroso es contraria a la opinión de la actual fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, que pidió el levantamiento del secreto bancario solo para algunos de los investigados, entre los que no incluyó a Temer porque supuestamente no había justificación para ello.
El caso se sustenta en las declaraciones a las autoridades de Joesley Batista, uno de los dueños del grupo JBS, entre otros ejecutivos de la compañía que firmaron un acuerdo de colaboración con la Justicia en el que implicaron a cientos de políticos brasileños de todo el arco parlamentario.
Esos testimonios también sirvieron a la Fiscalía para presentar en 2017 una primera denuncia por corrupción pasiva y una segunda por obstrucción judicial y asociación ilícita contra Temer, quien se convirtió en el primer jefe de Estado en la historia del país en ser acusado por un delito penal en pleno ejercicio del poder.
Sin embargo, los cargos fueron rechazados en ambas ocasiones por el Congreso, que por imperativo constitucional le corresponde autorizar o no la apertura de un proceso penal contra un presidente en ejercicio.
