Según informó el director de Recursos Humanos del Poder Judicial, Mario Elizeche, el citado decreto, dispone que las entidades del Estado se constituyen en agentes de retención.
Con ello, en el caso del personal contratado, si es contribuyente; es decir, que emite factura, la retención se dará sobre el 30% del IVA; mientras que si no es contribuyente, la retención será del 100% del IVA.
El Decreto 3107/2019, que reglamenta la Ley 6380/2019, de la nueva reforma tributaria, establece las excepciones de la obligación de retención del IVA. Se excluyen los inferiores a 10 jornales mínimos diarios.
Según Elizeche, el monto a ser excluido es de G. 843.400, pero la Corte Suprema no cuenta con contratados que perciban menos que dicho monto, por lo que las retenciones serán para todos los contratados.
En la práctica, solo en Asunción, existen unas 1.000 personas que son contratadas a las que se les va a retener. De ellas, varias emiten facturas ya que cuentan con contratos de prestación de servicios, aunque en realidad son empleados del Estado, mientras que otras no lo hacen.
Así, a los que no emiten facturas se les va a descontar del salario el 10%, por lo que habrá una disminución en sus haberes, mientras que los que sí emiten facturas, se les a va retener el 30%, conforme con las explicaciones.
Hubo ya protestas por parte de varios funcionarios, quienes ya cuentan con varios años de servicios en el Poder Judicial, bajo el régimen de contratados, sin que sean beneficiados con el régimen de desprecarización laboral.
La medida ya fue aplicada desde enero, lo que fue comunicado a través de carteles por la Oficina de Liquidación de salarios dependiente de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial.
