La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió ayer finalmente aceptar la petición del Estado paraguayo de contar con un testigo más en el juicio contra Paraguay por el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí.
La demanda de Arrom y Martí contra el Estado paraguayo, por un supuesto hecho de desaparición forzada y tortura, registrado entre el 17 y el 30 de enero de 2002, se resolverá el próximo 7 de febrero en San José, Costa Rica, donde tiene sede el máximo organismo en DDHH.
Asimismo, la Corte IDH resolvió desestimar la solicitud de convocar a audiencia a Adolfo René Marín Ferreira, Juan Carlos Duarte Martínez, Pablo Ernesto Lemir Marchese y Nicolás Garcete.
De esta forma, el Gobierno paraguayo solo podrá contar con dos testigos, atendiendo a que anteriormente la Corte solo dispuso admitir al ex fiscal Óscar Germán Latorre.
La declaración de Édgar Sánchez será fundamental para la defensa del Estado paraguayo, ya que el mismo participó, en ese entonces, como parte del equipo fiscal que investigaba la causa y actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público.
La decisión de la Corte IDH es fruto de la fuerte presión ejercida por el Estado para que admitan a más testigos y dejen de brindar más garantías a los procesados Arrom y Martí.
Conformes. El fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, Ricardo Merlo, dijo que no están conformes con la decisión, pero que es un avance y una muestra del trabajo que está realizando el equipo de defensa.
Asimismo, señaló que la Corte tuvo en cuenta la oposición de Arrom y Martí, en cuanto a que el Estado presente más testigos, por lo que aceptó solamente a uno más. La resolución de reconsideración fue resuelta por el pleno de la Corte y notificada a las partes.
Por su parte, el procurador general de la República, Sergio Coscia, manifestó también su satisfacción por la decisión, pero criticó que la Comisión haya permitido que el caso llegue hasta estas instancias “siendo que está basado en mentiras”.
Actualmente Arrom y Martí se encuentran refugiados en Brasil, aunque el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya solicitó la revocatoria de su estatus de refugiados.
El titular del Ejecutivo pretende extraditar a ambos, además de Víctor Colmán, por una causa en la que fueron procesados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en el 2001.
