El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó ayer un sumario administrativo al síndico de quiebras Guido Planás, a la actuaria Gina Galluppi Peña y al rematador público Carlos Roberto Trabuco, a raíz de las supuestas irregularidades en la subasta realizada en el caso del Banco Nacional de Trabajadores.
Con ello la máxima autoridad judicial quiere determinar exactamente la responsabilidad de cada uno de los funcionarios públicos durante el remate realizado el pasado 28 de diciembre en el salón auditorio del Palacio de Justicia.
El pasado 2 de abril el fiscal Arnaldo Giuzzio, con orden del juez Pedro Darío Portillo, realizó cuatro allanamientos, uno al juzgado en lo Civil y Comercial de Hugo Bécker, a más de las oficinas del síndico de quiebras Guido Planás y a la casa de Trabuco.
Todo tras la denuncia anónima presentada ante su unidad por las supuestas irregularidades en la causa. Copias de la denuncia también llegaron hasta la presidenta de la Corte, Alicia Pucheta, a la del Banco Central del Paraguay y a un medio de prensa.
Con todos estos antecedentes la Corte ahora dispuso el sumario administrativo. El lunes, el síndico Planás había pedido permiso en la causa del BNT.
A DISPOSICIÓN. Por otro lado, ayer se puso a disposición del Ministerio Público el rematador Carlos Roberto Trabuco, representado por las abogadas Alba Zaracho y Gabriela Pérez Brun.
Al mismo tiempo, presentaron copias autenticadas por la escribana Marta Brun de las facturas legales expedidas por el rematador público durante el remate hecho en diciembre del 2006. La abogada presentó también el poder correspondiente.
En el mismo caso declaró el lunes el abogado Óscar Luis Tuma, quien explicó que fue uno de los que estuvieron en el remate en diciembre. Aseguró que durante el mismo fue adjudicado con un inmueble en pleno centro de Asunción.
Que cuando quiso pagar la seña y los demás montos, tales como la comisión del rematador, de la actuaria y gastos de publicación, le dijeron que iba a ser a prorrateo, por lo que aún no le podían cobrar.
Tuma reveló que al día siguiente tampoco le dieron el monto, pero que después le dijeron que eran unos 25 millones de guaraníes. Tras quedar en que le avisarían dónde pagar, nunca le llamaron.
El abogado dijo que luego halló al rematador frente al Palacio de Justicia y ahí le consultó. Este le contestó que como no recibió el pago, hubo otro interesado y volvió a vender el inmueble. Tuma dijo que esa fue su experiencia.
Giuzzio cierra círculo en el caso
Las pesquisas del fiscal Arnaldo Giuzzio prácticamente van cerrando el círculo con respecto al rematador público César Roberto Trabuco, a más de las demás personas que estuvieron presentes en la subasta de bienes del quebrado Banco Nacional de Trabajadores (BNT).
Según reveló el agente del Ministerio Público, en las facturas que presentó Trabuco sobre el 10% de seña por el remate, más su comisión y el pago de las publicaciones, aparecen montos bastante altos, que al ser comparados con los que se pagaron por los inmuebles, existen diferencias muy altas.
Con ello se constataría que los bienes del BNT fueron vendidos a precios mucho más altos que los que aparecen en el acta del remate y en la resolución del 12 de febrero pasado, del juez Hugo Bécker.
El fiscal señala que ya tiene elementos para una eventual imputación, no sólo contra el rematador, sino contra la secretaria del juzgado, Gina Galluppi, e incluso contra el síndico.