El caso debe ser estudiado por los ministros de la Corte Antonio Fretes, Gladys de Módica y Alberto Joaquín Martínez Simón.
Además, los denunciantes afirman que detrás de los atropellos y las ocupaciones en dicha finca individualizada como Lote Nº 123 de la colonia Soldado Guaraní, está el intendente de la ciudad de Katueté, Julio César Brítez.
En el año 2007, fue entregado el título de propiedad a Amancio Mallorquín, inscripto en el Registro Público como finca Nº Q01-636, con los siguientes datos: Lote Nº 123, de la colonia Soldado Guaraní, distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón.
“El proceso para la adquisición y titulación del lote se realizó de forma legal, tras la cancelación del pago total en el 2005 del valor de la tierra al Indert”, detalló la abogada Rosy Pérez, representante legal de Mallorquín.
La abogada explicó que su defendido cuenta con los títulos del inmueble, que fue adquirido a través del Indert, luego de abonar por años una cuota por el terreno.
Sin embargo, “en el 2013, un grupo de personas, matones con armas de fuego, se introducen en la propiedad realizando disparos hacia el personal y los desaloja a la fuerza, amenazándolos de muerte si vuelven a entrar nuevamente a la propiedad. Estas personas fueron identificadas como los hermanos Sandra y Édgar Silvera Burgos, y junto a ellos se encontraba un abogado de nombre José Prieto”, indica la denuncia.
Tras la violenta ocupación del establecimiento, Mallorquín promovió una demanda, que tres años después, el juez Daniel Gómez Rambado concedió el dictamen a su favor.
Sin embargo, mediante chicanas, explica la abogada, los hermanos Silvera apelaron la resolución del juez, por lo que fue a una Cámara de Apelaciones, “que contrariamente a lo establecido en el Código Procesal Civil, le dan lugar al incidente de nulidad sin ningún argumento legal” y se expidió en contra de su defendido. Ante esta situación, Pérez apeló ante la Sala Civil de la Corte.
