La Corte rechazó in límine (sin estudiar el fondo de la cuestión) la acción de inconstitucionalidad promovida por la fiscala Yolanda Portillo contra el fallo del Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, que anuló el proceso penal contra la Máxima Autoridad del órgano contralor, José Enrique García, abierto por los antecedentes del conflicto entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción, donde él se desempeñaba como asesor jurídico.
Por voto unánime, los ministros de la Sala Constitucional, Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña, entendieron que la acción planteada no contaba con los requisitos formales para ser estudiada.
La representante del Ministerio Público había pedido a la Corte la confirmación del fallo del ex juez Paublino Escobar, que a su vez, confirmó la resolución de su colega Lici Sánchez. La magistrada había admitido inicialmente la imputación y procesó a García por el hecho punible de producción de documentos no auténticos con modalidad de uso, en marzo del año pasado.
El abogado Álvaro Arias, quien representa a García, apeló la decisión de Sánchez argumentando que su cliente debía ser sometido a juicio político por el Congreso y separado del cargo para ser procesado.
Los camaristas Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander votaron por la nulidad, mientras que Delio Vera, por el rechazo del pedido. Alegaron que el contralor tiene inmunidad y no fueros, por lo que efectivamente debía ser separado del cargo por juicio político para poder ser sometido a proceso.
Por dicha resolución, la fiscala Portillo planteó la acción de inconstitucionalidad.
fallo. En la resolución de la Corte dice que, estudiada la cuestión constitucional, no surge del auto impugnado violación de preceptos o garantías constitucionales que amerite la apertura del estudio de la presente acción.
Además, remarca en el escrito que se pretende revisar los puntos que ya fueron objeto de debate y decisión en las instancias inferiores.
Finalmente acota que en la acción no se hace una crítica de todos los fundamentos, por lo que el escrito es “insuficiente e inconsistente”, ya que la mera disconformidad con los fallos no los hacen inconstitucionales.
Así, el fallo queda firme y la causa contra García trabada hasta tanto el Congreso Nacional se expida con relación a la causa.
Según los antecedentes, el contralor, junto a otros dos procesados, estuvo implicado en un supuesto hecho de falsificación, ya que presentaron una apelación extemporánea, y la firma que aparece al pie del escrito de apelación no correspondería a ningún funcionario judicial.