El Partido Colorado no castiga a quienes cometen actos de corrupción o tráfico de influencias, aunque los hechos sean fehacientemente comprobados. La agrupación política que sostiene al actual gobierno de Mario Abdo Benítez, pese a su lema caiga quien caiga, mantiene en sus filas a polémicos parlamentarios que perdieron sus bancas o que reconocieron haber cometido un hecho punible.
El argumento del Tribunal de Conducta, encargado de juzgar a los afiliados, es que el estatuto impide hacer la depuración de sus cuadros, ya que establece que para la expulsión de un afiliado se precisa que sobre la persona pese una condena firme y ejecutoriada, como se conoce a las penas privativas de libertad de más de dos años.
No obstante, tras las elecciones del 2013 y del 2015, se castigaba con la máxima pena, es decir, con la expulsión de aquellos que trabajaron en favor de un candidato opositor y se les consideraron traidores.
Uno de los que siguen en las filas coloradas es Víctor Bogado, sobre quien pesa ya una condena por cobro indebido de honorarios en el caso conocido como de la niñera de oro, que había generado la reacción ciudadana, años atrás, cuando los senadores evitaron el desafuero y luego tuvieron que rever su postura a causa de una gran movilización.
Tras la condena, el Senado le puso el cerrojo, y lo expulsó del cuerpo legislativo, no así la ANR, donde ni siquiera un afiliado se animó a presentar un pedido de expulsión.
Lejos de estar fuera de la ANR, Bogado se prepara para ser jefe de campaña de Honor Colorado en las municipales.
El caso más emblemático de la ANR es del ex senador Óscar González Daher, quien goza de la protección de Horacio Cartes y está procesado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Está siendo investigado por el caso de la inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA y guarda prisión domiciliaria luego de haber estado casi un año en la Agrupación Especializada. Ya había perdido su investidura, a fines del año 2017, por haber manejado a su antojo la Justicia a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, hecho revelado a través de unos audios.
Ante semejante caso, la ANR espera que haya una condena de más de dos años para tomar cartas en el asunto. En el Senado sí presentó su renuncia ante un inevitable nuevo juicio por pérdida de investidura.
La Cámara de Diputados también tiene en la mira a varios con pedidos de pérdida de investidura. Dos casos emblemáticos son el de Ulises Quintana y Tomás Rivas. La lista puede seguir con Miguel Cuevas, quien es investigado por enriquecimiento ilícito.
Quintana, luego de haber estado arrestado por 10 meses, regresó a su curul como si nada haya pasado, pero sobre él pesan varios delitos y la Fiscalía concluye que el legislador financió su campaña con dinero del narcotraficante Reinaldo Javier Cucho Cabaña. Ni la Cámara Baja pide su pérdida de investidura y mucho menos el Partido Colorado pretende expulsarlo.
Tomás Rivas, por su parte, está procesado por cobro indebido de honorarios porque pagaba a los empleados de su local comercial con dinero de la Cámara Baja, haciéndoles pasar por funcionarios. Similar caso se dio antes, con José María Ibáñez, quien asumió la responsabilidad mediante la suspensión del procedimiento. Sus colegas lo salvaron de la pérdida de investidura, pero la presión ciudadana pudo más y renunció.
Todos ellos siguen militando como si nada en las filas de la ANR.