24 feb. 2024

Corrupción en Paraguay impide el desarrollo y la calidad de vida

La corrupción es un flagelo que afecta a todos y en todos los ámbitos en Paraguay. Si bien es una minoría la proporción de gente corrupta, el robo al Estado tiene consecuencias en el crecimiento y el bienestar. El pago de coimas y chantajes, los sobrecostos, el tráfico de influencias y la colusión para conseguir ventajas en el sector público, la planificación tributaria abusiva, el uso de los recursos públicos –incluyendo el servicio civil–, para favorecer arbitrariamente a un sector político son diferentes formas en que se manifiesta la corrupción cotidianamente. La ciudadanía exige cambios y los tres poderes del Estado deben reaccionar.

La corrupción en el Paraguay es mucho más que un problema o un inconveniente más, de los muchos que se le plantean a un país. La corrupción desvía recursos necesarios para el bienestar de las personas y el desarrollo del país, y sobre todo profundiza las desigualdades económicas, sociales y políticas y corroe la legitimidad del Estado.

Nuestro país necesita avanzar para dejar de estar en los últimos lugares de todos los ránkings internacionales, incluyendo el de Transparencia Internacional.

De los 198 países incorporados en el indicador de Transparencia, Paraguay se ubica en el lugar 137, quedando ubicado en esa posición detrás México, Guatemala, Honduras o Nicaragua en América Latina; y Turkmenistán, Libia y Congo del resto del mundo.

El problema que plantea la corrupción no es solamente aparecer, y además tener un gran protagonismo en este indicador como uno de los peores países.

La consecuencia más importante es que no podemos ir hacia adelante, lo que nos pone en la mayoría de los indicadores sociales, políticos y económicos relacionados con el desarrollo en los últimos lugares.

Solo basta tomar como ejemplo cuatro de ellos: el de Desarrollo Humano, el de prosperidad, el de Progreso Social o el de Competitividad Global. En todos, estamos rezagados.

Si bien una parte importante del problema son los bajos niveles de inversión pública en todas las áreas del desarrollo, otra parte se debe a la ineficacia del sector público debido a los sobrecostos o a la mala calidad de la inversión, a las decisiones públicas dirigidas a privilegiar a pequeños grupos enquistados en el poder político y económico o directamente al robo de las arcas del Estado.

Si la gestión pública tuviera como único y principal objetivo el bien común, probablemente otra sería nuestra situación. Por eso la ciudadanía tiene que asumir esta situación y emplear todos los recursos disponibles constitucional y legalmente establecidos para imponer su voluntad y exigir el cese de la corrupción. Pues es la ciudadanía la que al final es la primera víctima de la corrupción.

La pandemia del coronavirus ha dejado la evidencia del altísimo costo que está teniendo la corrupción, no solo en las arcas del Estado sino en toda la población.

Las señales son contundentes, desde los negociados en las compras públicas en salud hasta la incapacidad de la Policía y el sistema de Justicia de hacer cumplir las normas de la cuarentena y penalizar a quienes lo infringen.

Los paraguayos y paraguayas nos merecemos otro país, porque la inmensa mayoría está comprometido con ese otro país diferente; porque hay una población de gente honesta, que vive de su trabajo y aporta con sus energías y sus impuestos en la construcción de una Nación distinta.

La corrupción corroe la democracia, pone en riesgo la legitimidad del Estado y obstaculiza el bienestar.

Los tres poderes del Estado son responsables y deben implementar todos los instrumentos que tengan para enfrentar el problema ya mismo.

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