Editorial

Corrupción en CDE: La Justicia debe hacer su trabajo

Durante una sesión extraordinaria, 52 diputados votaron ayer por la destitución de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, una decisión basada en el informe de la auditoría realizada y que contiene las irregularidades constatadas. McLeod había sido suspendida del cargo de intendenta el 27 de noviembre pasado y hace pocos días su renuncia fue aceptada por un sector de la Junta Municipal, que también nombró un nuevo intendente. La Justicia tiene ahora en sus manos resolver este conflicto, estudiar las acusaciones que pesan sobre la funcionaria destituida y devolver la tranquilidad a una ciudad convulsionada.

La Cámara de Diputados había aprobado la intervención del Municipio esteño el 27 de noviembre, y el pasado 2 de febrero finalizó el proceso que estuvo a cargo de Carolina Llanes, designada por el Ejecutivo. Posteriormente la ex fiscala hizo entrega al Ministerio del Interior de un informe con las irregularidades que fueron halladas. Por otro lado, la Contraloría General de la República al terminar su auditoría comunicó que halló 90 incongruencias en la administración de McLeod, quien se encuentra imputada por declaración jurada falsa junto a su marido Javier Zacarías Irún y también por lesión de confianza.

Entre las irregularidades señaladas por la interventora del Municipio fueron encontradas una presunta sobrefacturación en la disposición de los residuos de la Comuna; cuentas judiciales ocultas así como el manejo irregular de recursos humanos, y los famosos ingresos en negro a través de la llamada “caja 9”, por tener la Comuna solo 8 cajas, entre otras.

A partir de ahora la Justicia deberá ser más eficiente para juzgar las irregularidades encontradas en la administración del segundo municipio más grande después de la capital. Pero también del Tribunal Superior de Justicia Electoral se espera que sea más diligente para resolver el desorden legal que representa en este momento determinar quién ocupará temporalmente la titularidad en la Intendencia de CDE.

Precisamente la lentitud con la que han reaccionado las instituciones constituye el factor preponderante y decisivo que nos ha llevado a la actual situación: un grupo de siete concejales afines a la pareja Zacarías-McLeod aceptó la renuncia de la ahora ex intendenta y nombró sucesor a uno de ellos. Otro grupo de concejales no acepta la designación y anunció acciones penales, por lo cual todo apunta a que esta guerra de baja intensidad puede continuar.

En medio de la confusión, el caos administrativo y la disputa por el poder, nadie parece recordar a los ciudadanos que viven en Ciudad del Este y que son víctimas colaterales de esta controversia.

El denominado clan Zacarías ha llegado a construir un gran poder en Ciudad del Este, tanto que han estado en las instancias de decisión a nivel municipal y departamental por cerca de dos décadas, sin que hubiera algún resquicio para la alternancia. Ha llegado pues la hora de que el Municipio del Este comience una nueva etapa, con transparencia y compromiso fijado en la meta más importante que es la de administrar para el beneficio de la población.

Es de todas formas inaceptable que los intereses mezquinos de los grupos políticos sigan boicoteando los procesos democráticos. Es hora de que Ciudad del Este recobre la calma para que sus habitantes puedan seguir trabajando en paz, mientras la Justicia cumple con su labor de manera rápida y eficiente.

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