La Contraloría también dio a conocer los resultados de las auditorías a las empresas públicas Copaco y Essap, las cuales presentan diversas irregularidades. La telefónica no tiene aprobados los balances y los estados de resultados por su asamblea de accionistas (máxima autoridad) desde el ejercicio 2013 al 2017. Además, sigue sin contar con las instrucciones correspondientes para la efectivización de los dividendos a pagar durante un lapso de ocho años desde el ejercicio 2009 al 2017 por G. 3.655 millones.
El Sistema Integrado de Contabilidad Pública (Sico) no registra cada una de las operaciones que realiza Hola Paraguay (Vox) empresa de la que Copaco es el dueño del 100% de las acciones. Falta información por activo de G. 272.643 millones; por pasivo de G. 215.735 millones; resultados positivos y negativos por G. 30.316 millones.
En lo que hace a las contrataciones públicas, no se remitieron los documentos de respaldo de pagos de la licitación 2/16 para la adquisición de derechos de distribución de contenidos del servicio de IPTV. La contratación directa para el alquiler del stand en la Expo de Mariano Roque Alonso tampoco cuenta con las documentaciones de pago.
La CGR solicita a los accionistas que adopte las medidas para corregir los errores.
AGUATERA. En el caso de Essap, la asamblea general de accionistas no ha aprobado los estados financieros desde el 2013 al 2017. Esta situación genera incertidumbre sobre la real situación financiera, su rendimiento y el desempeño de la empresa, precisó la Contraloría.
Agregó que no se tienen contabilizados los subsidios al consumo otorgados a usuarios con el beneficio de la tarifa social. Además, los costos por subsidio y aquellas prestaciones de servicios donde el cliente cuenta con el beneficio de exoneración al pago del mismo son asumidos en su totalidad.
Se reveló de manera incorrecta en el activo corriente importes correspondientes a previsiones para créditos de dudoso cobro, por un total de G. 49.538 millones. De la muestra que tomó la CGR, se verificó que el pasivo corriente reveló saldos de antigua data por aproximadamente G. 10.666 millones.
En el aspecto ambiental, la gestión de la aguatera estatal no ha sido suficiente para dar cumplimiento a las normativas ambientales al no contar con la declaración de impacto ambiental para todas las plantas de tratamiento de agua potable.
También se cuestiona que no haya realizado la valoración total de los inmuebles de la ex Corposana desde el 2002.
