Se informó que la decisión afecta también a otros miembros del clan González Daher, entre ellos Nélida Chaves de González, Óscar Rubén González Chaves, María González Chaves, parientes de Óscar González Daher. En cuanto a la familia del ex fiscal general del Estado, ya no podrán ingresar a EEUU María Selva Morínigo, Yerutí Díaz Morínigo, Manuel Díaz Morínigo, Alejandro Díaz Morínigo y el hijo menor de Javier Díaz Verón.
Esta es la primera vez que los Estados Unidos toman este tipo de sanciones con ciudadanos paraguayos. Las autoridades informaron que otras personas están en la mira y podrían ingresar a la lista.
La decisión se basó, según explicaron, en el trabajo de profesionales estadounidenses sobre el chequeo de informaciones de los medios de comunicación, recolección de evidencias presentadas por testigos, datos comparados con las instituciones locales e investigaciones realizadas en territorio norteamericano.
La nota del Departamento de Estado señala que ese país está “comprometido a combatir la corrupción sistemática y apoyar el Estado de Derecho del Paraguay”.
El ex senador colorado Óscar González Daher fue acusado por asociación criminal y tráfico de influencias por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Además, cuenta con una acusación por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Este último caso guarda relación con las operaciones de la empresa Príncipe di Savoia SA, que pertenece –entre otros– a Óscar González Daher. La firma ya había sido foco de una investigación de Última Hora y Telefuturo en 2010. Tras el escándalo que desató la publicación de los audios filtrados del JEM, González Daher fue destituido de la Cámara de Senadores en 2017.
En cuanto al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, tiene un proceso junto con su esposa, María Selva Morínigo, imputada por lavado de dinero. Para la Fiscalía, la pareja no pudo justificar con documentos el ingreso de G. 3.764.317.044. Además, detectó que el ex titular del Ministerio Público tuvo un ingreso de G. 1.147.058.591 que no provendría de fuentes legítimas.
La decisión que acaba de comunicar el Departamento de Estado es un claro y contundente mensaje contra la corrupción, y los destinatarios son sin lugar a dudas funcionarios públicos de alto rango y toda la clase política.
Al mismo tiempo, el mensaje se debe hacer extensivo a la Justicia de nuestro país, dado que en numerosas ocasiones jueces y fiscales han reaccionado de manera tibia, complaciente e ineficiente, ante denuncias de corrupción.
El Paraguay requiere del esfuerzo de todos para salir del fango de la corrupción en el que está atrapado, sobre todo para aspirar a volver a construir un Estado libre de tanta degradación.