Silvio Riveros, presidente de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas, explicó a ÚH que, durante la reunión, como gremio plantearon tres medidas de solución, entre las cuales la principal es integrar a la Fuerza Armada en el control en las fronteras, mientras que las otras dos fueron las de castigar a los contrabandistas y destruir las mercancías incautadas.
Riveros afirmó que cada una fue aceptada, por lo que quedaron “conformes” y ahora solo esperan los resultados en cuanto al precio.
“Estamos conformes con la reunión, pero ahora vamos a esperar el resultado. Si no hay resultado, sabemos ya a qué vamos a llegar. Eso es lo que hoy acordamos. Tiene que haber resultado esta semana o hasta el fin de semana ya vamos a tomar una decisión”, refirió, en relación con una posible manifestación que ya habían advertido que realizarían en caso de que el precio del tomate en finca no se incremente.
El productor sostuvo también que los propios productores acompañarán los controles y que visitarán los comercios a fin de exigir que se compre de la producción nacional, con el objetivo de dejar fuera de circulación los productos ilegales.
MAG. El ministro de Agricultura, Carlos Giménez, por su lado, ratificó el compromiso del Gobierno en trabajar por un combate más eficiente al contrabando.
En cuanto a reforzar la presencia de los militares en los puestos de control, dijo que las leyes permiten que se pueda “recurrir al Ejército”.
En tanto, aseguró que las Fuerzas Armadas ya se encuentran de forma permanente en los puntos, lo que incluso les “permitió estabilizar el precio del tomate”.
“Que los organismos de control hagan su trabajo, esa es una línea del presidente (Santiago Peña)”, instó.
Los productores cuestionan que actualmente solo pueden vender el tomate por kilo a G. 3.000 o G. 3.500, cuando el precio debe llegar por lo menos a los G. 6.000. Para el consumidor final, el precio supera los G. 10.000 el kilo.
