La creación por ley de un programa dirigido a una patología en particular puede ser útil en la medida en que se traduce en acciones concretas. Dado el bajo nivel de inversión por persona en salud en Paraguay, si la nueva ley no incluye fuentes de financiamiento adicionales su efecto será mínimo y en el peor de los casos tendrá implicancias adversas.
Paraguay tiene altos niveles de mortalidad debido a la tardía detección y la ausencia de una política que garantice el tratamiento oportuno y sin discriminación. De promulgarse finalmente la ley, el programa deberá instalarse transversalmente en todo el sistema de salud, iniciando su trabajo en la atención primaria con la concientización ciudadana sobre los factores que dan origen y que pueden ser prevenidos a través de cambios en la conducta y de exámenes preventivos.
La dotación de infraestructura, insumos, medicamentos y tecnología apropiada, tanto para la prevención como para el tratamiento debe constituir una prioridad de manera a reducir los costos por parte de las familias. El gasto de bolsillo, es decir, el gasto en que incurre una familia con una persona enferma, es uno de los más altos de América Latina. Este hecho contribuye al empobrecimiento y a la pérdida de activos como la vivienda, el negocio o el emprendimiento.
Pero más allá de las justificaciones económicas se encuentra el derecho a la vida y a la salud. El alto porcentaje de muertes por esta enfermedad debido a la ausencia de una política pública eficaz es una violación a un derecho básico establecido constitucionalmente y ratificado por Paraguay en múltiples compromisos internacionales.
Esperemos que esta ley sea aprobada señalando claramente la responsabilidad institucional, las garantías explicitadas y las fuentes de financiamiento adicionales. De otra manera, será una ley más, sin impacto en la gente.
Nuestro país cuenta con innumerables normas para garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, al no contar con recursos adicionales, el presupuesto público termina siendo una puja por los recursos escasos sacándole fondos a algunos programas para llevarlos a otros.
La ciudadanía no solo espera que se generen normas, sino fundamentalmente que estas resuelvan sus problemas de salud. Muchas de estas leyes no son necesarias ya que el Ministerio de Salud tiene las competencias legales para ejercer su trabajo. El problema está en la responsabilidad de quienes están a cargo y en la disponibilidad financiera.
Esperemos que este proyecto de ley una vez aprobado cambie la situación de la salud en el país por lo menos en lo que respecta a una enfermedad que viene creciendo en su incidencia y generando costos cada vez mayores en el Estado y la sociedad.
