El contralor general de la República, Enrique García, llamó ayer a conferencia de prensa para hablar en referencia al convenio que la institución a su cargo firmará con la Corte Suprema de Justicia.
En ese lapso recibió la información de que la Municipalidad de Ciudad del Este inició la entrega de documentos originales a los funcionarios de la Contraloría que se encuentran en la zona desde hace unos días.
“Estamos accediendo a alguna documentación relacionada con adquisiciones, adjudicaciones realizadas por el Municipio (en el 2018). La gente que está allá va a retornar y nuestro equipo de la Dirección de Licitaciones y Contrataciones del Estado irá el lunes para continuar el trabajo”, indicó García.
Subrayó que se puede decir oficialmente que la Contraloría empieza a acceder a la documentación original vinculada con compras, lo que va a permitir el inicio de una auditoría a la administración de Sandra McLeod.
“Es una buena noticia”, celebró el contralor.
Recordó que viajaron hasta la Comuna esteña para instalar el equipo de auditores a fin de iniciar el proceso de una auditoría del ejercicio 2018.
Mencionó que todos los días en que sus funcionarios estuvieron en la ciudad se intentó acceder a los documentos, pero el grueso de esa documentación obra en poder del Ministerio Público, en el marco de un proceso de allanamiento que la unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía llevó a cabo en setiembre.
“Y el resto de los documentos se nos dijo siempre que estaba a disposición de nuestra gente y eso no fue posible hasta hace unos minutos”, remarcó.
También festejó el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya decidido que el Tribunal de Cuentas suspenda la tramitación del juzgamiento de las cuentas de los casos que involucran a la Municipalidad de Ciudad del Este, a la Gobernación de Alto Paraná (gestión del colorado Justo Zacarías Irún) y al Ministerio Público, hasta tanto se formalice el convenio de trabajo entre la Corte y la Contraloría.
“La posibilidad de realizar finalmente la auditoría está más cercana”, puntualizó al tiempo de añadir que si bien es cierto que los documentos obran aún en custodio de la corresponsabilidad del fiscal de cuentas, lo concreto es que no va a producirse una decisión de juzgamiento de esas cuentas sin antes resolver el tema del convenio, “que no es otra cosa que la formalización de un protocolo de actuaciones que permitan hacer más material lo que la Corte viene diciendo ante las inconstitucionales planteadas”, indicó.
Explicó que el procedimiento de la auditoría a cargo de la Contraloría con tutela constitucional es previo y es el que inicia una secuencia que desemboca después a pedido de la parte interesada en el juzgamiento del Tribunal de Cuentas. “Creemos que se trata de una cuestión inédita, es un problema que arranca casi desde la aparición de la Contraloría, y se empiezan a instalar las competencias auditoras y de verdad estamos muy satisfechos por el resultado, que por el momento arroja esta cuestión que se da de manera conjunta con el Poder Judicial”, aseveró.
IMPEDIMENTO. En cuanto a los documentos originales del 2018 de la Comuna esteña que están en manos de la Fiscalía, y el método para acceder a ellos, García expresó que no tienen en mente firmar un convenio con el Ministerio Público, en la medida que el procedimiento en virtud del cual la documentación original que constituye un material para los auditores está en un lugar impropio. “El camino no está en un convenio, el camino en todo caso es el respeto a la ley”, acotó.
Consideró que las funciones de la Fiscalía no abarcan la posibilidad de sustraer material original a los efectos de hacer investigaciones en el marco de una causa penal. “Creemos que esto materialmente representa un impedimento a la realización de la misión constitucional de la Contraloría”, concluyó.
