Política

Contraloría detecta que facturas en Defensoría no se ajustan a lo legal

La gestión de Miguel Godoy es pésima y está entre las tres peores, según concluyó una auditoría. Entre las tantas irregularidades, más de G. 300 millones de objeción de conciencia no se respaldan. 

Como dictamen “no razonable” clasificó la Contraloría General de la República (CGR) el estado financiero de la Defensoría del Pueblo en el ejercicio fiscal 2021, bajo gestión del defensor Miguel Godoy, que está en la mira precisamente luego de este informe, que generó que se hable incluso de la posibilidad de juicio político.

Entre las tantas irregularidades halladas en el análisis, una de las más resaltantes es que las facturas al contado, que fueron presentadas como comprobantes de pago de un gasto de G. 46.200.000 en concepto de mantenimiento y reparaciones, no cuentan con el detalle de los trabajos realizados. “Esto determina que la documentación que respalda las rendiciones de cuentas, no se ajustan a las normativas legales vigentes”, concluye el análisis.

La Defensoría es una de las tres en total que fueron calificadas como gestiones "no razonables”, la categoría más baja otorgada por la Contraloría, junto con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

Objeción de conciencia. La Contraloría además detectó un total de G. 337.281.669, que no tienen documento de respaldo, y que ingresaron en concepto de "cobro de remuneración al objetor de conciencia".

Godoy ya fue denunciado penalmente el pasado martes por la abogada Diana Vargas, quien sostiene que el defensor cobraba desde el 2019 a los objetores de conciencia, con una interpretación arbitraria de la ley, llegando a percibir un total de G. 2.000 millones de forma irregular.

Altos montos. Entre las cifras más altas demostradas como irregularidad en la Defensoría, se expone que G. 450.000.000 en concepto de pagos por adelantado no figuran en el balance. El gasto fue efectuado para el rubro de alquileres.

Le sigue la alta cifra de G. 334.556.207, que se observó como diferencia entre los importes expuestos en el balance general en el rubro de bienes y activos de la institución.

En el mismo rubro, pero en otro ítem, se observó la diferencia de G. 229.797.917.

Combustible. El informe señala irregularidades también en la provisión de combustible. Señala que G. 184.000.000 no fueron registrados en el balance general, por la provisión de combustibles no utilizado. Igualmente, se observó la incorrecta registración de G. 5.055.627, en este mismo rubro.

Finalmente, se encontraron irregularidades en pagos a proveedores de bienes y servicios por G. 139.470.556, que fueron fraccionados a través de “fondo fijo”, vulnerando la norma que rige para su utilización, y en el inventario de bienes de la institución se encontró una diferencia de G. 101.250.291.

Pese a todas estas irregularidades, además de otras denunciadas desde el periodo anterior, el cartismo sigue sosteniendo a Miguel Godoy en el cargo, ya por dos administraciones seguidas.

Desde la oposición manifestaron que es necesario que el defensor sea destituido por juicio político, aunque reconociendo que no se cuenta con mayoría.

La Contraloría recomendó en su informe final ejercer mayor control en la rendición de cuentas, en la presentación de documentos respaldatorios, alquileres, combustibles, marcación de funcionarios e incluso aplicación de multas.

337 millones de guaraníes que se cobraron en concepto de objeción de conciencia no tienen respaldo documental.

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