El contralor general Camilo Benítez señaló que el promedio daño patrimonial contra el Estado por año, que es detectado mediante las auditorías de la institución, es de unos G. 50.000 millones, durante la última década.
Sostuvo que ese promedio anual se incrementó durante los últimos 4 años y, en lo que va de su gestión como contralor, suma G. 628.000 millones el daño patrimonial expuesto mediante auditorías.
“De las auditorías culminadas, hay algunas que se remiten a la Dirección de Auditoría Forense que evalúa si hay posibles causales penales. Si se viola alguna norma penal, esto se remite a la , por dictamen jurídico”, explicó a radio Monumental 1080 AM.
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Sin embargo, el titular de la lamentó el bajo nivel de persecución penal por parte del Ministerio Público en lo que se refiere a daños patrimoniales, declaraciones falsas y .
“Me da la sensación, son muy pocas las imputaciones por el Ministerio Público. De las 92 entidades denunciadas, no creo que se llegue a 10 con persecución penal. Hay una enorme falta de efectividad de la Fiscalía en lo que refiere a la Contraloría”, expuso.
Camilo Benítez señaló, que en parte, esta falta de efectividad de la Fiscalía se debe a que los fiscales vuelven a verificar el trabajo que ya fue realizado por la Contraloría.
“Este es un trabajo supertécnico con auditores de primer nivel, que en cualquier país del mundo es una prueba irrefutable para un proceso. Esto también se da en los casos de enriquecimiento y declaración falsa. Ellos tienen criterios diferentes. A veces hacen una persecución legal y en otros miles de caos no”, refirió.
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El contralor general de la República también enfatizó en la necesidad de modificar el sistema de control implementado en el país apostando a la tecnología.
“Este sistema, que es muy tradicional, es una práctica que debe ser complementado con otro sistema preventivo. Me da la sensación que llegamos tarde ya, solo para castigar. En otros países se hacen controles preventivos que detectan alarmas de riesgo antes de que se ejecute el presupuesto”, explicó.
La Contraloría General de la República fue convocada por el Congreso para explicar sobre las auditorías presupuestarias realizadas en las diferentes instituciones del Estado.