Tampoco existe un estudio minucioso ni documentación comprobatoria para la obtención del costo estimado, según el informe.
El dictamen fue emitido recién esta semana, dos años después de haberse ejecutado el contrato que significó una inversión de más de G. 12.000 millones. Las investigaciones por parte de la Contraloría tienen fecha de inicio abril de este año, tras el pedido presentado por el Ministerio Público.
“La institución municipal justificó de manera insuficiente la implementación de la modalidad de contratación por la vía de excepción, observándose en primer lugar: la ineficiencia e imprevisión en la planificación del proceso de referencia, desde el inicio como así también en la justificación de los supuestos aducidos”, figura en parte del documento de la CGR.
Agrega que tampoco existió un estudio acabado, minucioso, ni documentación comprobatoria para obtención del costo estimado, como así la carencia de un informe del área solicitante o de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) que explique claramente los parámetros utilizados y la forma de comparación de los precios a fin de demostrar que los precios a ser ofertados sean razonables.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) también había declarado irregular el proceso de contratación con la diferencia de que la investigación inició a finales del 2017 y concluyó en marzo del 2018.
Los trabajos hechos en el marco de este contrato ya presentan deterioro nuevamente en gran parte de los tramos intervenidos.
intervención. Desde este lunes el interventor para la comuna de Lambaré, Amancio Rivas, asumió el cargo. Rivas tendrá como función analizar la situación financiera del ente municipal. Señaló que uno de los primeros temas está relacionado a la caja de jubilados y a las transferencias de recursos provenientes de las recaudaciones. El intendente Armando Gómez queda suspendido en sus funciones mientras dure el proceso.
12.727
millones de guaraníes costó la obra de “regularización asfáltica, construcción y reposición de empedrado”.
2017
es el año en que se concretó contratación por vía de excepción para ejecutar obras que ya están deterioradas.