Debido al contrabando, el impacto que deja como nefasta huella este flagelo se traduce en una pérdida de entre el 24% y el 28% del PIB (en unos USD 39.000 millones está calculado el producto), de acuerdo con el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, quien expuso estos indicadores surgidos de dos estudios de consultoría contratados por el gremio citado, según indicó ayer en la reunión de seguimiento y control del contrabando de productos frutihortícolas e industrializados, realizada en el Parlamento.
“El contrabando se desarrolla a la sombra y genera una promiscua relación entre el poder político y el crimen organizado; esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta”, enfatizó el industrial al tiempo de notar que ciertamente hay esfuerzo desde las autoridades, con incautaciones periódicas, pero que el contrabando sigue campeando impunemente en la sociedad.
“Podemos entender que un desarrollo sustentable con metas sociales solo es posible en un mercado basado en principios de igualdad, legalidad y reciprocidad”, sostuvo el dirigente.
En el debate, se reclamó a las autoridades nacionales sobre los insuficientes resultados en la lucha contra el ingreso irregular de productos desde las fronteras y que, principalmente, está perjudicando a la producción frutihortícola.
El ministro anticontrabando, Emilio Fúster, y el director de Aduanas, Julio Fernández, respondieron a las consultas de los productores, que expusieron a su vez la problemática angustiante de ver cómo los productos de contrabando ingresan y se ejerce competencia desleal frente a su producción local.
Silvio Riveros, productor del distrito 3 de Febrero (Caaguazú) intervino por su parte, indicando que el miércoles de la semana pasada organizaron una movilización y tiraron sus tomates en protesta por el contrabando que les afecta.
“El tomate se vende a bajo precio, a G. 3.000 el kilo, no cubre ni el costo de producción. Es una situación crítica que genera millonarias pérdidas a los pequeños productores. Solo con medidas de presión como la semana pasada se pueden vender los productos”, sintetizó.
También Abel Brítez, del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas, especificó que de la venta total de 20 millones de kilos de tomate que se contempla en este tiempo, los importadores compraron apenas 4 millones de kilos; pero fueron beneficiados con 200 permisos de importación, con 36.000 kilos cada uno. “Se debe transparentar la comercialización”, exigió.
La directora ejecutiva de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas (Cappro), Sandra Noguera, preguntó por su lado quiénes son los financistas de las operaciones ilegales.
