Durante la sesión plenaria de ayer, los ministros de la Corte Suprema de Justicia designaron a Marcial Otilio Paredes Basualdo como nuevo síndico de Quiebras de la máxima instancia judicial, tras el escándalo y las denuncias que implicaron al ministro Antonio Fretes, vinculado con el extraditado Kassem Mohamad Hijazi.
Con esta decisión, Paredes pasará a reemplazar a Blas Velázquez Fernández, quien según fuentes judiciales, está vinculado a casos de despojos de terrenos, es protegido de Fretes y sería una pieza importante en la estructura del clan.
Incluso, el ahora ex síndico fue denunciado por presuntas estafas, operando principalmente en la ciudad de Quiindy, Departamento de Paraguarí, de donde también es oriundo el presidente de la CSJ con permiso.
Blas Velázquez Fernández es marido de la jueza Clara Raquel Isasi.
De acuerdo con lo que anunció días pasados el subcontralor Augusto Paiva, el caso de Velázquez ya se informó al Ministerio Público y actualmente está pendiente un análisis de la declaración jurada tanto de Velázquez como de su esposa, la jueza Isasi.
EN LA MIRA. El clan Fretes actualmente se ve envuelto en un escándalo tras aparecer un contrato firmado entre Amílcar Fretes con Sharif Kassem Hijazi, familiar de Kassem Mohamad, quien fue extraditado a los Estados Unidos. Amílcar es el hijo mayor del presidente de la Corte.
En el contrato “de prestación de servicios profesionales de abogado”, Amílcar se obligaba a prestar asesoría a Sharif sobre la situación jurídica de Kassem Mohamad.
Fretes supuestamente debía hallar una salida jurídica para que Kassem, o no sea extraditado, o bien pueda permanecer por más tiempo en el país, según él mismo reconoció a distintos medios de comunicación cuando se supo lo del contrato. Asimismo, admitió que el hijo de Kassem le pidió interceder ante su padre.
Según el contrato, en ese mismo acto, Sharif Hijazi entregó a Fretes la suma de USD 368.000 en concepto de honorarios profesionales. Pero, de acuerdo con el vástago del ministro de la Corte, Sharif desembolsó como “adelanto” solo USD 60.000.
Tras tomar estado público el escándalo y las amenazas de juicio político desde el Congreso, Antonio Fretes pidió permiso para apartarse del cargo. El alto magistrado alegó cuestiones de salud. Sin embargo, no renunció al cargo.
Investigación
El clan Fretes basó su fortuna en negocios relacionados con el otorgamiento de préstamos, compraventa de propiedades, seguros y red de cobranzas, entre otros, según una investigación conjunta de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Ministerio Público. Una investigación apunta a tres personas de muy rápido ascenso en el mundo de las finanzas. Con el correr de los años, la poderosa familia alcanzó a amasar una fortuna valorada en unos USD 20 millones.