Se trata de los ex comisarios Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina, quienes pertenecían al temido Departamento de Investigaciones de la Policía stronista, considerado el mayor centro de torturas de la época.
El juicio por las torturas al dirigente campesino Domingo Guzmán Centurión enfrentó múltiples postergaciones, en un proceso que ya lleva más de ocho años.
Ayer, la fiscala Sonia Sanguines realizó la réplica y el juicio continuará el próximo jueves 22.
La representante del Ministerio Público había solicitado en jornadas anteriores la aplicación de 30 años de pena privativa de libertad para Fortunato Laspina y Eusebio Torres, haciendo la salvedad de que el último ya tiene una condena firme.
En tanto que para el comisario Manuel Crescencio Alcaraz, la fiscala Sanguines solicitó una pena de 25 años de prisión.
El Tribunal de Sentencias está presidido por el juez Fabián Escobar e integrado por Carlos Hermosilla (hoy por medios telemáticos), y Juan Pablo Mendoza.
“Realmente no creo que tengamos sentencia ahora. La realidad es que hay dos excepciones en constitucionalidad, que están pendientes de resolución por parte de la sala constitucional; entonces eso también dificulta un poco que podamos ya concluir en el juicio”, refirió Sanguines.
“También el tema de las responsabilidades ya asumidas con anterioridad. Como sabemos estamos en un periodo de feria y toda esa cuestión, entonces dificulta un poco que podamos ya concluir con el juicio y saber qué decide el tribunal luego de la deliberación”, sostuvo.
Al ser consultada sobre si pidió informes a la Sala Constitucional con respecto a este caso, la fiscala sostuvo: “Sí, realmente, sí solicité informes, el presidente le solicitó al actuario el informe y también lo que yo te puedo decir es que el 5 de enero me notificaron sobre la integración de la sala constitucional, atendiendo de que uno de los miembros había presentado una indignación, entonces se integró con otro magistrado y esa es la última información que yo tengo con relación a las excepciones que por lo menos ya tenemos la sala constitucional liberada”, manifestó.
La representante del Ministerio Público remarcó que existen pruebas suficientes que prueban la tortura a la que fue sometido Domingo Guzmán, la víctima, quien falleció en 2024.
“Creo que existen muchos elementos probatorios, tanto documentales que son muy importantes, como también muchos testigos. Diez testigos comparecieron ante el tribunal, si bien son testigos de referencia, aportaron datos de manera coherente, de manera uniforme y son totalmente creíbles, entonces por eso yo considero que el hecho, la existencia del hecho de tortura del cual fue víctima el señor Domingo, independientemente de que él no haya podido declarar ante el tribunal ha quedado probada”, mencionó.
Manifestó que la defensa argumenta que no hay pruebas ni evidencias de tortura, pero resaltó que la naturaleza propia de este tipo de hechos de tortura se cometen justamente sin ser observados. “Si bien los agresores son varios, las víctimas en general están solas”, sostuvo.
Seguirán zapateando y denunciando la inacción del Poder Judicial, advierten
Guillermina Kanonnikoff, una de las víctimas de la dictadura stronista, consideró una tomadura de pelo que el juicio a los ex comisarios procesados lleve ya ocho años.
“Creo que todavía mucho tenemos que hacer, mucho tenemos que luchar, mucho tendremos que seguir zapateando. Y no nos vamos a callar y vamos a seguir denunciando la inacción también del Poder Judicial”, arremetió.
Sostuvo que para las víctimas resulta muy doloroso esta situación atendiendo a que permanentemente están siendo revictimizados.
“Vamos allí, vemos a nuestro torturador, ellos hacen lugar a chicanas que presentan los defensores. Están en su papel por supuesto y alargan, dan demasiado tiempo y estamos escuchando continuamente todo lo que nosotros hemos padecido”, indicó.
Según los datos, varias personas fueron víctimas de apremios físicos y psicológicos perpetrados por el acusado durante el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner (1954-1989). Los hechos ocurrieron en la ex sede de Investigaciones de la Policía de la época stronista; hoy día, el Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional.
Los acusados, Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina, están siendo juzgados por presuntos actos de tortura cometidos en ese periodo. En el marco de los alegatos finales, la fiscala Sonia Sanguines solicitó penas de entre 25 y 30 años de prisión para los tres ex funcionarios policiales.
La causa inicialmente tuvo diez personas imputadas, pero con el transcurso de los años, cinco de ellas fallecieron. Ellos son Camilo Almada Morel, Juan Aniceto Martínez, Agustín Belotto Vouga, Obdulio Argüello Brítez y Felipe Nery Saldívar.
“Nos faltan al respeto también, con las llegadas tardías, tenemos que dejar todas nuestras actividades para poder estar presentes”, sostuvo Kanonnikoff.
