En un episodio sin antecedentes –salvo un intento de grupos opositores de atentar contra el dictador Alfredo Stroessner en los años 70 con una camioneta cargada de explosivos–, la Policía sorprendió este miércoles a la ciudadanía al allanar una vivienda en la ciudad de Presidente Franco, Departamento del Alto Paraná, que resultó ser un aguantadero de miembros de la organización criminal brasileña Comando Vermelho (Comando Rojo), en donde tres pistoleros fueron abatidos a tiros y además se encontró una gran cantidad de armas de guerra, municiones y un automóvil cargado con 84 kilos de dinamita en gel, acomodados con cordón detonador, que según los investigadores planeaba ser usado en un atentado.
El enorme poder bélico acumulado por el grupo armado, sobre todo al conocer los detalles del gran número de víctimas que podría haber causado la detonación del auto bomba, ha puesto en alerta roja el nivel de inseguridad para la ciudadanía. La hipótesis de las autoridades es que el vehículo iba a ser detonado como parte de un operativo criminal para rescatar al líder narco Marcelo Pinheiro Veiga, alias Marcelo Piloto, quien permanece preso en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en Asunción.
Si bien hay que destacar la buena acción policial, que tras un trabajo investigativo en base a procedimientos anteriores y a datos recolectados por servicios de inteligencia pudo abortar lo que podría haber sido uno de los mayores golpes criminales, resulta preocupante que bandas del narcotráfico y el crimen organizado puedan ingresar fácilmente a instalarse en el país, como viene ocurriendo desde hace mucho tiempo.
La estructura criminal se mantiene desde la época de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1879), en que varios altos jefes militares y personeros del régimen fueron acusados de liderar el tráfico de drogas, armas, contrabando y lavado de dinero, entre otras operaciones ilícitas, con presunto acuerdo y participación del propio dictador. Tras el retorno a la democracia, estas redes criminales no se disolvieron, simplemente cambiaron de líderes o se reconvirtieron, y en muchos casos se fueron expandiendo, con la abierta participación y complicidad de muchas autoridades, incluyendo a miembros de los tres poderes del Estado.
La situación se volvió mucho más compleja y peligrosa a fines de los años 90 y a inicios de la década del 2000, cuando empezaron a instalarse en el Paraguay las dos grandes organizaciones criminales brasileñas, Primer Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), ante la gran facilidad que encontraron aquí, por la corrupción y la impunidad reinantes. En todos estos años, la violencia criminal ha crecido mucho y no ha sido enfrentada decididamente por el Estado. Es de esperar que la efectiva acción policial demostrada en estos días sea el inicio de una política más permanente contra la gran delincuencia.