01 jul. 2026

Contadores afirman que aportantes son cómplices en evasión

Apoyo. Los directivos del Colegio de Contadores defendieron la labor de sus asociados.

Apoyo. Los directivos del Colegio de Contadores defendieron la labor de sus asociados.

En conferencia de prensa realizada ayer, el Colegio de Contadores del Paraguay (CCPy) se pronunció sobre el último caso de megaevasión y las declaraciones hechas por el viceministro de Tributación, Óscar Orué, sobre la responsabilidad de los profesionales en el uso de facturas falsas.

El caso que data de agosto del año pasado y que involucra a proveedores del Estado, supermercados, clubes de fútbol y políticos, saltó nuevamente a luz pública tras conocerse que también estuvieron implicados reconocidos periodistas, como Yolanda Park, Jorge Vera y Carlos Troche. En ese contexto, el subsecretario Orué había dicho que estaba de acuerdo con una ley que clarifique la responsabilidad de los contadores en las defraudaciones, ya que son cada vez más los casos donde los aportantes reciben fuertes sanciones, pero afirman no tener conocimiento sobre las maniobras en las declaraciones juradas.

Ante esto, el titular del CCPy, César Martínez, disparó ayer que “es muy fácil” culparle al contador, pero que si se da algún hecho irregular, es en connivencia con el contribuyente.

“Es muy fácil para empresarios y contribuyentes decir que el contador le metió facturas falsas. Si hay algún hecho irregular, es en total connivencia con el contribuyente”, expresó.

Reconoció que tiene colegas deshonestos, pero aseguró que un grupo minúsculo no puede manchar a los más de 80.000 profesionales del país. A renglón seguido, adelantó que del último caso de megaevasión identificaron a diez contadores involucrados y que están analizando expulsarlos del Colegio y retirarles la matrícula gremial.

Días atrás, el gremio Resistencia Contable también arremetió contra el viceministro Orué y pidió no generalizar las malas prácticas. El polémico caso data de agosto del 2020. La SET y la Fiscalía desbarataron un esquema que habría creado 52 empresas fantasmas para vender facturas falsas. Hasta el momento, hay 900 personas investigadas y se recuperaron impuestos por USD 10 millones.