Siguen las investigaciones en el caso del dinero que recibió la Gobernación de Central para usar durante la crisis sanitaria por la pandemia.
El auxiliar contable presentó ante la Subsecretaría de Tributación la factura que fue anulada y asegura que no hubo ningún pago de G. 900 millones.
Esto fue comunicado ayer a la Fiscalía de Delitos Económicos, a través del abogado Hermes Turlan, quien ejerció la defensa del auxiliar contable Juan Carlos Estigarribia.
Inicialmente hubo contacto con la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para hacer un trabajo, pero luego se dejó sin efecto y le devolvieron la factura.
“No existió operación alguna concretada con la Fundación CIAP o con la Gobernación de Central. La empresa Asunción Ofertas, el señor Édgar Daniel Arriola o mi persona (Estigarribia) no hemos recibido monto alguno de la fundación, por lo que no puede hablarse de daño patrimonial”, refiere el escrito presentado ante el Ministerio Público para proseguir con la investigación.
Señala que en principio existió una intención comercial que posteriormente fue cancelada por ambas partes. Se devolvió la factura original. La Subsecretaría de Tributación aprobó el desbloqueo por presentación.
La oficina contable y la fundación fueron allanadas por el Ministerio Público para retirar todos los documentos que guardan relación con el uso del dinero que tenía que ser destinado para la emergencia.
La investigación gira en torno a las supuestas facturas clonadas que presentó la Gobernación Central en su rendición de cuentas del destino de USD 1 millón.
En los documentos presentados señalan que la empresa Asunción Ofertas tenía que realizar trámites de licencia y estudios de impacto ambiental por un valor de G. 900 millones. Esta firma se dedica al rubro de servicios generales y figura en la ciudad de Luque.