Por Lucho Alvarenga
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El uso de millonarios fondos a través del rubro 800 del Presupuesto General de Gastos, de transferencias al sector privado, no deja de generar cuestionamientos de ciertos sectores económicos, como el de los gremios de la construcción.
ÚH viene señalando en distintas entregas la falta de transparencia en el manejo de las partidas presupuestarias del citado rubro, como el caso de la Secretaría de Acción Social (SAS) para la construcción de viviendas populares.
Al igual que durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, esta institución mantiene el sistema de construcción de casas a través de organizaciones no gubernamentales, sin licitación de por medio y fuera del ámbito de la ley 2051 de Contrataciones Públicas.
El año pasado, la SAS ejecutó más de 67 mil millones de guaraníes para la construcción de 1.618 viviendas. Este año tiene presupuestados más de 63 mil millones de guaraníes. Todas las obras son realizadas a través de oenegés.
La Capaco, al igual que otros gremios del ramo, ratifica su postura crítica hacia el procedimiento utilizado por la SAS, como también por el Ministerio de Educación, debido a que la primera recurre a oenegés, mientras que la segunda a cooperadoras de padres para las obras de construcción.
“Para nosotros es una dilapidación legal, teniendo en cuenta que el rubro 800 se establece en la Ley del Presupuesto. Ahora, resulta inexplicable que nosotros como empresas tenemos como fin construir porque estamos capacitadas para eso, tenemos tecnología y medios, pero nos desplazan por oenegés que no están capacitadas para esto”, sentenció.
Apuntó que el gremio tiene argumentos sólidos para sostener que hay una competencia desleal en todo esto, a partir de las exigencias que tienen que cumplir las empresas constructoras, tanto a nivel de experiencia, capacidad y también pago de impuestos que deben hacer frente a las oenegés u otras organizaciones.
Respecto a la justificación de la SAS, de priorizar a las oenegés porque estas agregan un componente de trabajo social a la construcción de viviendas, indicó que es obvio que las empresas solo van a levantar las viviendas.
Sobre el punto, remarcó que lo racional hubiese sido que se dividan las tareas. Es decir, que se llame a licitación a los sectores que trabajan en la construcción y se les dé a las organizaciones no gubernamentales el trabajo social.
CALIDAD EN OTRO MOMENTO, LA NOMBRADA TITULAR DE LA CAPACO SEÑALÓ QUE LAS OENEGÉS NO TIENEN INFRAESTRUCTURA NI CONDICIONES PARA CONSTRUIR. Refirió que las entidades en cuestión que son adjudicadas subcontratan gente para llevar a cabo las obras.
Cuestionó que se brinden argumentos que no tienen sustento, como el hecho de que se contratan profesionales para hacer los trabajos. “Por supuesto que cada uno va a decir siempre que construye bien o mi empresa es la mejor. Eso es lo único que dicen y no tienen sustento”, enfatizó.
Indicó que no se explica, igualmente, que hayan contratado a una sola oenegé para realizar tareas de fiscalización por un monto millonario (1.900 millones, según documentos de la SAS).
“No entiendo cómo no tienen gente capacitada para fiscalizar. Estamos en lo mismo que se hacía antes”, concluyó.
LA SAS ADMITE QUE NO HAY DIFERENCIAS
El ministro de Acción Social, Pablino Cáceres, admitió que las viviendas que están construyendo a través de oenegés no difieren mucho en calidad de las que se construían anteriormente.
No obstante, como elemento distinto, señaló: “No habrá mucha diferencia, pero no es un modelo único”.
Defendió el proceso de construcción de casas a través de las organizaciones no gubernamentales, basado en concursos y con niveles de fiscalización, tanto a nivel interno como externo de la Contraloría y del Congreso.