De acuerdo con apreciaciones puntuales de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), se debería analizar la constitucionalidad del proyecto de ley, ya que así como está redactado en sus intenciones conculca los principios de igualdad ante la ley y de libertad de concurrencia.
Esto se da, según afirmó el doctor Miguel Aranda, asesor jurídico del gremio, al imposibilitar en la práctica dedicarse a la actividad económica lícita de preferencia dentro de un régimen de igualdad de oportunidades.
CONTROLES. La entidad también sostiene que surgen serios cuestionamientos sobre la capacidad de control en torno al régimen especial que se busca reglamentar a través del proyecto. “En efecto, nos preguntamos cuán efectivos serían los controles, en caso de que los hubiera, sobre los bienes que serían importados e internalizados en el país, sobre los importadores –de manera a saber si realmente podrían acogerse a las disposiciones legales– y sobre los compradores, a fin de conocer si ciertamente estos son turistas extranjeros no residentes en el país”, se pregunta en un documento facilitado.
La argumentación también se asienta en los riesgos, dadas las “debilidades” de las instituciones encargadas de los controles. El proyecto podría ser totalmente desnaturalizado y, en definitiva, productos que hayan ingresado al Paraguay bajo este régimen particular pueden terminar en otros mercados locales, distorsionando de esa manera la competencia y la situación, ya de por sí muy difícil, de los actores formales, según Aranda.
