El Ministerio de Trabajo inició el mes pasado el proceso dando continuidad al diálogo iniciado en el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo (Conasam). En el primer encuentro técnico, los representantes de cada sector ya evaluaron la desvinculación del salario mínimo respecto a cobros judiciales, tasas municipales y obligaciones impositivas estatales; cuyo análisis llevará su tiempo debido a la amplia indexación del salario.
José Pineda, vicepresidente de la CUT-A (Central Unitaria de Trabajadores Auténtica), señaló que se analiza esta propuesta debido a que los reajustes anuales del salario mínimo finalmente terminan beneficiando a instituciones burocráticas a través de ajustes automáticos generando un impacto negativo en la economía del trabajador.
“Concluimos que los grandes ganadores en cada ajuste de salario del salario mínimo y el jornal mínimo son las instituciones burocráticas que no tienen nada que ver con el salario. Judicial, municipalidades y sin embargo, eso en vez de constituir un elemento que pueda mejorar de alguna manera la condición de vida de los trabajadores, terminan impactando negativamente esas tablas impositivas que están de manera automática”, dijo.
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Aparte del debate, se debe proyectar un proyecto de ley para modificar todo lo indexado al salario mínimo y que se proponga otro factor o regla para una nueva unidad de medida para los impuestos y multas, dijo.
“Como son muchos artículos, son muchas leyes, se debe definir qué parte se plantea la desindexación, eso se está trabajando por sectores, cada sector está trabajando en una propuesta. Nosotros pretendemos que sean desindexados todos de la parte impositiva, ya sea judicial, legal, municipal y compañía, o que se busque otro factor”, señaló Pineda.
Para Pineda, las entidades pueden buscar otras maneras para mejorar sus ingresos y no usar la medida del salario mínimo legal.
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“Creo que no va a ser fácil. Evidentemente, vamos a tocar estructuras, vamos a tocar ingresos tributarios. El frente va a ser complicado porque se debe cambiar por ley”, indicó.
Con relación a las negociaciones para la nueva fórmula, el viceministro de Trabajo, César Segovia, explicó que se acordó socializar los informes del Observatorio Laboral con las centrales sindicales y gremios para que los técnicos de cada sector analicen y planteen alternativas. En 30 días, en la siguiente reunión se prevé consensuar y debatir las propuestas.
Al respecto, el dirigente Pineda señaló que el sector empresarial no muestra interés en iniciar el debate y que tampoco hay una posición firme de las autoridades del Ministerio de Trabajo para plantear un cambio real.
Recordó los reiterados intentos en el Congreso Nacional con las propuestas de ley para cambiar el ajuste, que no tuvieron el apoyo del oficialismo. Pese a ello, Pineda anunció que continuarán insistiendo en la necesidad de actualizar la fórmula para el reajuste anual del salario mínimo legal.
El objetivo es acordar una nueva referencia con antelación al próximo periodo de reajuste salarial y dejar de lado el índice de precios al consumidor (IPC) como única medida para el cálculo del aumento.
Por otra parte, mencionó que el Banco Central del Paraguay (BCP) se encuentra trabajando en una nueva base de datos proyectada para el año 2028, proceso en el cual el sector sindical afirma no tener participación ni información oficial.
