Presidentes y miembros del Consejo del IPS guardan responsabilidades directas en la explotación de los alquileres que hoy generan más deudas que ingresos. Solo en gestión judicial se encuentran 56 causas que suman más de G. 19 mil millones de alquileres impagos al IPS.
Sobre la responsabilidad de los administradores, explica el abogado José Casañas Levi, que estos pueden tener responsabilidad penal o civil, esto “dependerá de quiénes no hayan hecho constar su oposición” en las resoluciones administrativas.
En histórico de manejo de inmuebles se arrastran casos de más de 20 años. Sobre esto en la responsabilidad de los administradores sin una denuncia por sospecha de mala gestión, sencillamente la causa prescribe en cinco años.
En el manejo de los bienes los administradores deberían ser parte de investigaciones bajo la figura de lesión de confianza que prevé una pena de 10 años e involucra por igual a directores que hayan tenido posiciones determinantes para el manejo irregular o malicioso de los bienes.
Actualmente, el equipo de Asesoría Jurídica del IPS solicitó que se realice una investigación para determinar las responsabilidades en una llamativa resolución del Consejo de administración del 2023, que permitió a un locatario unos 93 meses sin pagar el alquiler, levantar el 10% sobre subarrendamientos que estaban en el contrato inicial.
En el 2023 el Consejo concedió esos beneficios al arrendatario del Paseo Los Árboles que pasó además de 20 años de contrato a 25. Incluso adeuda más de G. 80 millones en concepto de pago de canon por el subarrendamiento, monto que no pago y fue beneficiado con el levantamiento de este ingreso a favor del IPS.
Asesoría Jurídica con base en una auditoría externa sugiere elevar el caso y dar sumario a miembros del consejo, el gerente administrativo, gerente financiero, director de inversiones, jefe de Departamento de Administración de inmuebles de la administración de Vicente Bataglia.
En 2003, bajo la administración de Ovidio Otazú el edificio Urundey pasó a formar parte del IPS y recién en el 2006 fuera puesto para arrendamiento. En esos tres años el IPS generó más de G. 1.000 millones en pérdidas.
Otazú había dejado la presidencia en manos de Pedro Ferreira con orden de puesta en alquiler en tanto este no se ejecutó hasta años después.
El Urundey además fue recibido por la previsional con una cotización por encima de su valor, según informe de Contraloría, generando también una pérdida de más de G. 189 millones.
El traspaso del inmueble se dio para saldar deudas de la empresa con el IPS y en combo se incluyeron autos sobrevalorados y en muy mal estado.
En el 2018, bajo la administración de Armando Rodríguez se suscribió el contrato con la firma Ecoservice Group SA para la explotación de unas 110 unidades soportando un juicio con Harim Abiff por la explotación que se encontraba con medida cautelar.
Harim Abiff aún le adeuda el IPS más de G. 52 mil millones.
Y Ecoservice demandó al IPS por G. 2.100 millones.
