El diputado colorado Erico Galeano fue electo senador en las pasadas elecciones del 30 de abril, habiendo obtenido un total de 27.974 votos. De acuerdo con la imputación de los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, el político deberá ser investigado por presunto lavado de dinero y asociación criminal.
En un país serio, donde la normalidad sea la honestidad y la transparencia, y no la impunidad como es nuestro caso, un candidato con esos antecedentes no debiera haber llegado ni tan siquiera a participar de unas internas partidarias. ¿Cómo se ha llegado a este punto? La actual imputación del diputado colorado solamente fue posible mediante el cambio que se dio en la Fiscalía General del Estado, a partir de la asunción del fiscal Emiliano Rolón. Hasta entonces, las investigaciones poco habían avanzado.
Lamentablemente, ahora nuestra democracia está en problemas.
De acuerdo con el acta de imputación del Ministerio Público, el legislador cartista recibió USD 1 millón para la compra de un inmueble, y se presume que ese dinero provendría de actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de cocaína. Ya el año pasado el diputado había sido vinculado con el caso A Ultranza, por posibles conexiones con lavado de dinero.
Se había llegado a este punto después de que en un allanamiento realizado en la ciudad de Altos fuera encontrada una boleta de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a nombre de Erico Galeano. Tras verificar, se comprobó que la propiedad le había pertenecido, pero él no la incluyó dentro de su declaración jurada de bienes cuando asumió como legislador. Según las investigaciones, la propiedad sirvió para una simulación de compraventa, sin dejar constancia de que el verdadero propietario sería Miguel Insfrán, alias Tío Rico, quien recientemente llegó extraditado del Brasil y es considerado el líder de una banda de tráfico internacional de cocaína.
La propiedad la había adquirido el diputado por USD 200.000 y meses después la vendió por USD 1.000.000. La Fiscalía sospecha que el dinero utilizado para la operación provenía del crimen organizado. El Ministerio Público sostiene que el diputado cartista habría “estado al servicio de la organización criminal internacional” dedicada al tráfico de cocaína desde el Paraguay hacia Europa, y a cambio de su cooperación, recibía dinero proveniente del tráfico de drogas.
El momento que vivimos es extremadamente delicado. La situación no solo desnuda una impunidad que abarca instituciones esenciales para el sistema democrático, como son los partidos políticos, e instituciones del Estado, como la Fiscalía General, sino que además supone la normalización de una convivencia y una aceptación de personas sospechadas de pertenecer al crimen organizado. Porque definitivamente los 27.974 votos que recibió Erico Galeano y lo llevaron al Senado de la República provinieron de la sociedad paraguaya.
La democracia paraguaya se muestra tremendamente debilitada al haber sido puesta en duda la integridad de sus instituciones, pues son sumamente graves las acusaciones que pesan sobre el diputado colorado respecto a una posible vinculación con el crimen organizado, lo que a su vez nos obliga a cuestionarnos cuán comprometidas están nuestras instituciones por el crimen organizado.
En vez de blindar a diputados y senadores sospechados por vínculos con el mundo de ilegalidad, los paraguayos debemos mantenernos firmes en proteger, reforzar y fortalecer las instituciones democráticas, así como la confianza de la ciudadanía en el estado de derecho.
