Hace aproximadamente un año, el Parlamento Nacional aprobó la ley “Del fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, la cual establece que los parlamentarios pueden jubilarse con apenas diez años de aporte, equivalentes a dos periodos de función legislativa (120 meses), y con 55 años de edad. Con eso recibirán el 60% de su dieta y gastos de representación, que serían alrededor de 20 millones de guaraníes. Según esta ley, con tres periodos en el Congreso, o sea 180 meses de aporte, y 55 años cumplidos, diputados y senadores podrán acceder a la jubilación ordinaria con el 80% de su salario.
En su momento la resolución adoptada por los legisladores fue percibida como una bofetada a la ciudadanía, por consagrar un nuevo privilegio para la clase política. Esta jubilación vip que reciben diputados y senadores es una afrenta para los que deben laborar más años, y además sin ninguno de los privilegios de que gozan los parlamentarios.
Mientras un trabajador debe aportar durante 30 años y cumplir 60 años para poder recibir el 100 por ciento de su jubilación, a un legislador le basta con ocupar una banca parlamentaria por dos periodos para llevarse una bonita suma mensual, financiada por el bolsillo de los ciudadanos.
Ahora el senador Rodolfo Friedmann presentó un proyecto para modificar la ley que establece la jubilación vip parlamentaria. El senador abdista plantea eliminar el 7% del aporte estatal a la jubilación y doblar la cantidad de años de aporte a la Caja Parlamentaria a 30 años.
Friedmann solicitó ayer que se dé entrada a su proyecto e incluso planteó una moción de preferencia para que el tratamiento del proyecto de ley se trate sobre tablas dentro de dos semanas. Sin embargo, no reunió los votos suficientes y el proyecto fue derivado a comisiones. Con ello se muestran más que evidentes los intereses reales de los congresistas.
El artículo 46 de la Constitución Nacional señala que “todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos”. La Carta Magna manifiesta que en el Paraguay “no se admiten discriminaciones”, y que el “Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”.
El sistema de jubilación privilegiada para los congresistas –vigente en la actualidad– contradice los ideales de la República, constituye un abuso y choca además contra el enunciado de igualdad entre los paraguayos.
Para la sociedad paraguaya, para los trabajadores, para los contribuyentes, este privilegio del que gozan diputados y senadores representa un despropósito más, una alevosa burla. Un país empobrecido y desigual como es el Paraguay no puede sostener vergonzosos privilegios para una clase política que no deja de decepcionar y traicionar las expectativas de una ciudadanía que se merece vivir una vida digna. No es suficiente con modificar la ley, lo razonable es que sea derogada y así se termine con el indigno privilegio.
