El pleno emitió 76 votos a favor del informe, 24 en contra y 3 se abstuvieron, al cabo de varias horas de debate.
La presidenta de la comisión, Marisol Pérez Tello, explicó que el informe recomienda investigar a 40 personas por lavado de activos derivado de defraudación tributaria y por asociación ilícita para delinquir, a raíz de las irregularidades encontradas en contratos de las empresas de Belaunde Lossio con varios Gobiernos regionales e instituciones del Estado.
La comisión recomendó abrir investigación a Belaunde Lossio, su hermano Arturo Belaunde Lossio, Nadine Heredia, su hermano Ilan Heredia, así como a representantes de varias empresas del también exasesor de la campaña del presidente Ollanta Humala en 2006.
Un recurso de hábeas corpus presentado por la primera dama fue aceptado por una sala penal y la excluyó recientemente de una investigación fiscal por presunto lavado de activos.
El informe parlamentario recomienda también abrir investigación por presunto delito de asociación ilícita para delinquir contra Belaunde Lossio, Arturo Belaunde Lossio y varios representantes de sus compañías o empresas que fueron beneficiadas con contratos con el Estado.
El informe final señaló que Belaunde Lossio formó una red delictiva para obtener contratos con el Estado Y llevar a cabo diversas obras en Gobiernos regionales y para lograrlo se aprovechó de su vínculo con el gobernante partido Nacionalista, que lidera la primera dama.
Belaunde Lossio fue asesor de la campaña electoral del actual presidente en 2006 y mantuvo contacto con el mandatario y su esposa hasta los comicios de 2011, cuando Humala resultó electo.
El congresista oficialista Teófilo Gamarra rechazó el documento de la comisión al considerar que se ha excedido en sus atribuciones al investigar hechos que están fuera de lo encargado por el pleno del Congreso.
La primera dama de Perú compareció el 29 de mayo ante la comisión en calidad de testigo y lo volvió a hacer el 15 de julio en calidad de investigada.
Belaunde Lossio, extraditado de Bolivia en mayo, es investigado en Perú por el caso “La Centralita”, una oficina desde donde supuestamente se espiaba a opositores políticos del presidente regional de Áncash César Álvarez, actualmente en prisión.
También se le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos por haber gestionado intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.
