La normativa presidencial, por recomendación del Ministerio de Hacienda, puso nuevamente un fuerte énfasis en las medidas de racionalización para contener el aumento del gasto autorizado por el Congreso, principalmente, el salarial.
En ese sentido, el decreto confirma que las recategorizaciones deberán ser obligatoriamente por concurso, ya sea público de oposición o interno institucional. Las contrataciones, por su parte, deberán tener el aval del Equipo Económico y se darán también por méritos.
Con esto, la idea del Ejecutivo es frenar los incrementos y nombramientos a mansalva que se pueden dar principalmente dentro del Senado con Fuente 10 (impuestos), ya que por decisión de los parlamentarios, la Cámara Alta podrá usar G. 13.700 millones para reajustes o contrataciones sin cumplir con la Ley 1626 De La Función Pública. Las mismas restricciones se aplican para los denominados “aumentazos”.
Con respecto al pago de las gratificaciones, el Ejecutivo dispuso la prohibición de los aguinaldos extras, transferencias por presentismo y premios por resultados. Asimismo, se fijaron límites para viáticos, seguros y catering, entre otros (ver infografía).
Excesos. El PGN 2021, con las modificaciones introducidas por el Congreso, quedó en G. 92,26 billones (USD 13.010,2 millones).
En este proceso, los legisladores inflaron el gasto salarial en G. 50.000 millones. Además del autoaumento en Senado, esta decisión incluye la creación de 2.700 cargos en IPS, pago de bonificaciones al personal del Registro Civil, crecimiento vegetativo en la UNA y equiparaciones salariales para varios entes.