Con esto, quedó confirmada la resolución de la jueza de Garantías Cynthia Paola Lovera, del pasado 14 de setiembre, que elevó la causa a juicio oral.
La resolución había sido apelada por los abogados defensores, Óscar Luis Tuma y Pablo Villalba López, en representación del ex ministro Durand.
Recurrieron el rechazo del pedido de sobreseimiento definitivo y del incidente de aplicar el criterio de oportunidad.
No obstante, los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez, con voto dividido, declararon inadmisible el recurso.
Lovera y Servín, dicen que el auto de apertura a juicio es inapelable, por lo que se debía declarar inadmisible el estudio del mismo.
Sánchez, por su parte, dice que se debe declarar admisible, ya que las resoluciones que resuelven incidentes o excepciones sí son apelables. Cita incluso el Pacto de San José de Costa Rica.
La fiscala Natalia Fúster había pedido juicio oral para el ex ministro, debido a que los datos que figuraban en su declaración jurada no se ajustarían a la realidad de sus activos y pasivos patrimoniales.
Durand había declarado la adquisición de la finca 9176, situada en Ypacaraí, en el 1994, pero la misma figura como activo dentro del juicio de Mocipar Propiedades SA, empresa que fue declarada judicialmente en quiebra.