En forma unánime, el Tribunal de Sentencia condenó a 7 años y 3 meses de cárcel a la ex fiscala Ana Girala a más de las asistentes y abogados que fueron juzgados por múltiples casos de coimas en varios procesos penales.
Además de la ex agente fiscal Girala, la ascaistente Griselda Acha, recibió la pena de 6 años y 6 meses; mientras que Cristi Magalí Ortega, 4 años de cárcel, y los abogados Liz Martínez 3 años y 6 meses, y Marcos Velazco, 2 años y 6 meses años de cárcel.
Las juezas Yolanda Morel, Karina Cáceres y Ana Rodríguez, en forma unánime, entendieron que quedó probado que las mismas transformaron los actos de acción penal pública en objeto de negociaciones como si fuera dinero el costo, con fines privados.
Girala, Acha y Ortega participaron para que los usuarios cedan a las amenazas o no devolver objetos con fines privados para el ejercicio de la persecución penal. Martínez y Velazco se ganaban la confianza de la fiscala y las asistentes para participar de los hechos.
Ana Girala “vendía actos de servicios a la función fiscal”, usaba los actos de persecución penal como mercancía, lo que implica violación de sus deberes de funcionarios, y se apartaba de sus derechos para obtener ganancias económicas. Además, los actos no eran aislados, sino que lo hacían en todos los actos de servicios.
Acha y Ortega hacían el dinero por los actos, bajo instrucciones de la fiscala, y luego lo repartían entre ellas.
Las juezas fueron detallando uno por uno lo casos en los cuales se probó que recibieron coimas.
LOS CASOS. Así, citaron que el 19 de octubre del 2022, negociaron con Higinio Duarte para la imputación a Sergio Giménez Paredes, primero 30 millones, luego 20 millones y finalmente 15 millones.
En otro caso, de Braulio Vázquez sobre abuso sexual en niños, el 27 de octubre del 2022, le propuso la entrega de G. 1 millón para pedir una calificación menos grave de violación de la patria potestad, según las juezas.
En otro caso de violencia doméstica, el 29 de octubre de 2022, pidió G. 4 millones al abogado Fernando González para no imputar a Jacquet Ríos, pero como no se concretó el trato, le imputaron.
Asimismo, el 31 de octubre del 2022, la fiscala pidió G. 4 millones para no imputar a tres detenidos, entre ellos, un menor de edad. Le ofrecieron una salida procesal de suspensión condicional del procedimiento.
En otro caso, el 16 de noviembre del 2022, un abogado que se desempeñaba como agente de la Patrulla Caminera fue denunciado, por lo que pidió entre G. 2 y 3 millones para no imputar.
El 28 de noviembre del 2022, solicitó dinero en la causa a Wilson Lezcano a través del abogado Marco Velazco, para no imputar por polución sonora.
En otra causa, el 29 de noviembre del 2022, solicitó G. 1.500.000 en un caso de una persona denunciada por hurto de un aparato celular.
En otra causa, en la denuncia contra Ramona Benítez, pidió la suma de G. 10 millones para imputar a la mujer por violencia familiar.
CANASTAS. Igualmente, incluso, en otra causa, pidió canastas de Navidad de una persona, para imputar a un denunciado. Después, negoció con el imputado para darle una salida alternativa, según dijeron las juezas.
Además, también requirieron dinero, entre 1 y 2 millones para pedir criterio de oportunidad en varios casos de exposición al peligro en el tránsito terrestre, en el mes de enero del 2023.
Pidieron también para devolver vehículos retenidos por exposición al peligro en el tránsito terrestre. Incluso, termos de la marca Stanley para que se le devolviera el vehículo.
Según las juezas, en todos los casos, hubo cohecho pasivo agravado, prevaricato, extorsión, entre otros, cometidos por la fiscala Ana Girala, las asistentes Griselda Acha y Cristi Magalí Ortega, y los abogados Marcos Velazco y Liz Martínez, Con ello, les aplicaron condenas a todos ellos.
