La presunta razón por la que el Poder Judicial deja impune a dos de los más tristemente célebres torturadores que cometieron graves crímenes de lesa humanidad durante la dictadura stronista parece muy claro, según consta en el mismo documento del fallo: por la “extremada dejadez del Ministerio Público”.
Con base en esta recriminación hacia la labor de la Fiscalía, el Tribunal de Apelación –formado por los camaristas Emiliano Rolón, Bibiana Martínez y Pedro Mayor Martínez– decidió revocar una resolución de la jueza Sandra Farías de Fernández, del 12 de diciembre de 2007, quien se había opuesto a que se extinga la causa que investigaba casos de homicidio con fines políticos, torturas y privación ilegítima de libertad, ocurridos entre abril de 1976 y mayo de 1979, declarando extinguida la acción y otorgando el sobreseimiento de los ex torturadores stronistas Camilo Almada Morel, alias Sapriza, y Eusebio Torres Romero.
En este caso también estaban procesados el ex presidente Alfredo Stroessner, su ex ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, quienes ya han fallecido, a más de los torturadores Camilo Almada Morel (Sapriza), Juan Martínez, Lucilo Benítez (Kururu Pire) y Eusebio Torres. En marzo del 2002 ya habían sido sobreseídos en forma provisional por el juez Wilfrido Peralta. En la última resolución del Tribunal de Apelación, el camarista Emiliano Rolón fundamentó que se tuvo que dejar libres a los procesados principalmente por la inacción de parte del Ministerio Público en investigar la causa.
De esta manera, los crímenes de lesa humanidad cometidos por los esbirros de la dictadura quedan fundamentalmente impunes. A diferencia de lo ocurrido en países vecinos –como la Argentina y Chile, en donde hubo severas condenas a los violadores de derechos humanos en épocas de los regímenes militares–, en el Paraguay la mayoría de los asesinos y torturadores, como los que dieron las órdenes de practicar el terrorismo de Estado, han quedado sin castigo.
Solo unos pocos ejecutores de la política represiva, como Pastor Coronel, Alcibiades Brítez Borges, Lucilo Benítez, Juan Martínez, Alberto Cantero, Agustín Belloto, Francisco Ortiz Téllez, entre otros, fueron sentenciados en unos ocho casos llevados ante la Justicia. El resto, incluyendo al dictador Alfredo Stroessner y su hijo Gustavo, quienes se acogieron al asilo político en el Brasil, logró burlar a la Justicia.
Las cifras del horror reveladas por el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia sostienen que durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989, hubo 20.000 víctimas directas de violaciones de derechos humanos; 19.862 detenidos en forma arbitraria o ilegal; 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente, 336 desaparecidos, 3.470 exiliados, 107.987 víctimas indirectas, entre familiares y allegados, y 7.851.295 hectáreas de tierras malhabidas.
A pesar de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, el Poder Judicial en el Paraguay ha decidido cerrar un proceso contra torturadores emblemáticos, abriendo la posibilidad de que los horrores puedan repetirse.
