El ente matriz en materia de contrataciones emitió la Resolución 4653/20, por la cual resume en seis puntos los resultados de la verificación del contrato, en el cual la administración de Adorno benefició con un contrato a Caval SA, en el que se hallaron serias inconsistencias.
Una de ellas, refiere el documento, es que “declarar la adjudicación recaída a favor de la firma Caval Consultoría, se encuentra viciada de inconsistencias administrativas en contravención a la Ley 2051/03 y sus reglamentaciones”.
Prosigue diciendo que el Departamento de Sumarios de dicha institución cotejará si la conducta de la firma Caval “puede subsumirse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 72” de la ley ya referida, de la que podría producirse una sanción.
Además, el ente competente remitirá los antecedentes a la Contraloría General de la República y finaliza recomendando a la convocante deslindar responsabilidades en el orden administrativo.
DENUNCIA. De acuerdo con las averiguaciones, la firma que se quedó con un contrato por la suma de G. 800 millones era de Sergio Castillo Valdez, el hijo de un alto funcionario de la propia Gobernación, incluso sin experiencia en el ramo, por lo que se presume que hubo un direccionamiento del contrato.
De hecho, la DNCP ha “cotejado el prontuario civil y legajo proveído por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, se constató que Sergio Castillo Valdez es hijo de Claudio Castillo, encargado de Recursos Humanos de la Gobernación, dirigida por José Domingo Adorno.
También se corroboró que Claudio Castillo fue miembro del comité de evaluación de las ofertas en la licitación en la que salió beneficiada la empresa de su hijo.
Esta relación de consanguinidad contraviene el artículo 40 de la Ley 2051/03, según refiere el ente.
