Actualmente, cuenta con una cuestionada representación política, cuyos antecedentes son revisados ante los hechos de inseguridad que afectan a la zona, como el secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis y el joven indígena Adelio Mendoza, por parte del EPP, lo que golpeó fuertemente a todo el país.
El crecimiento de este departamento del Norte es una deuda pendiente y sus autoridades hacen poco o nada para lograr el bienestar en la zona.
Tres son los diputados que deberían trabajar para mejorar la situación de Concepción, pero tienen escasa actividad legislativa. Son los liberales Emilio Pavón y Andrés Rojas Feris, y el colorado Luis Urbieta.
Mediante la operativa de Pavón y Urbieta se logró blanquear al intendente de la ciudad de Concepción, Alejandro Urbieta, quien tenía graves denuncias de corrupción, pero igualmente la Cámara de Diputados decidió rechazar el pedido de intervención, tras acuerdos entre liberales y colorados. La Contraloría General de la República (CGR) había detectado un desvío de G. 4.800 millones de recursos de Fonacide en el 2018.
El diputado Pavón es cuñado del diputado Urbieta, que es hermano del intendente de Concepción.
El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tiene gran compromiso con el departamento, ya que la mayoría de las autoridades son de esta nucleación, como es el caso del gobernador Édgar López.
Los pobladores reclaman años de rechazo, como rutas de todo tiempo y solución a los problemas de inundaciones que solo el año pasado dejó miles de familias damnificadas. También señalan la falta de escuelas y hospitales.
Este año alumnos y docentes de la escuela San Nicolás de Bari, distrito de Concepción, iniciaron las clases bajo árboles, porque la infraestructura de madera no ofrecía garantías a la población.
Concepción ni siquiera contaba con terapia intensiva, pero ante la emergencia por Covid-19, tuvieron que habilitar tres en el Hospital Regional.
En cuanto a los caminos, la nueva ruta de Concepción con Vallemí presentó recientemente graves deterioros en diferentes puntos de los 160 kilómetros, pese al poco tiempo que transcurrió desde su última intervención.
Las poblaciones ribereñas del distrito de San Alfredo viven aisladas a consecuencia del mal estado del camino. Con frecuencia, realizan manifestaciones para pedir una ruta de todo tiempo, ya que las cinco comunidades tienen 2.800 habitantes que se dedican a la explotación mineral.
