La Comisión de Juegos de Azar (Conajzar) resolvió cancelar la licitación pública 3/18 para la concesión de un casino de juegos de azar en el Departamento de Alto Paraná. José Ortiz Báez, presidente del ente, explicó ayer que recién se pudo conformar completamente el comité evaluador de ofertas y en su primera reunión se tomó esta decisión. La apertura de ofertas se iba a realizar este viernes 30 de noviembre y se presentaron tres interesados.
La cancelación se debe principalmente a que un análisis técnico determinó que se necesita más tiempo para lograr la mayor transparencia, indicó Ortiz Báez.
“Hasta la semana pasada nos faltaba un representante integrante para la comisión evaluadora, quisimos darle la mayor institucionalidad posible. Hicimos la evaluación técnica al llamado y determinamos que no hubo suficiente tiempo para que esta comisión pueda tener una justificación de cómo está hoy el pliego. Quisimos dar más participación a más gente que pueda estar interesada para que haya más transparencia, evaluando los intereses para el Estado y para terceras personas”, destacó.
Añadió que se prevé realizar un nuevo pliego de bases y condiciones, evaluando nuevos componentes, para volver a hacer un llamado en el 2019. Se analizarán puntos que pudieron haber limitado la participación de más oferentes, precisó.
ANTECEDENTES. Las empresas Casinos Paraguayos SA, la unipersonal Antonio Aranda Encina y LAGG Paraguay SA (vinculada a Emilio Cubas y a Javier Zacarías Irún) se presentaron al llamado. El casino podía ser establecido en cualquier punto de Alto Paraná y no tenía la obligación de operar bajo una marca internacional específica, indicó el presidente de Conajzar.
Entre los requisitos del pliego, se mencionan un capital mínimo de G. 5.500 millones, un canon mínimo mensual de G. 800 millones y una inversión económica mínima: USD 50 millones.
A propósito, la Contraloría General de la República (CGR), en su nota 4070 del 19 de noviembre pasado, exigió a Conajzar que remita los documentos sobre este llamado, debido a posibles irregularidades. El órgano contralor quería conocer cómo se calcularon los montos para las exigencias económicas y daba 10 días para enviar las respuestas.