Ninguna sorpresa. Nicaragua celebra hoy unas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales presos o exiliados, se apresta a confirmar su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, bajo el riesgo de que parte de la comunidad internacional no lo reconozca.
Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene seguro otro gobierno de cinco años con su esposa Rosario Murillo (70), a quien llama “copresidenta”, a la cabeza del ex guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
En las calles nadie lo duda. Ortega se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno, tras el arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores, en una ofensiva que desde junio encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas.
La arremetida desató el temor en el empobrecido país centroamericano de 6,5 millones de habitantes. “No hay por quién votar. Daniel tiene esto en la bolsa”, dijo a AFP una mujer de 46 años en su casa en Masaya (sur). Pidió anonimato: “No se puede hablar, vas preso”, afirmó.
SONDEO. Unos 4,3 millones de nicaragüenses están llamados a votar –también elegirán 90 diputados–, y según un sondeo de Cid-Gallup el 65% habría votado por un opositor y 19% por Ortega, aunque la encuestadora progobierno M&R afirma que un 70,7% votará por el FSLN.
De los aspirantes de la oposición, la favorita era Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1997) y bajo arresto domiciliario. Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, “traición a la patria” o “lavado de dinero”, conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.
Más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son políticos, sino “golpistas” patrocinados por Washington.
La oleada de arrestos tensó las relaciones de Nicaragua con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) –que sancionaron a familiares y allegados de Ortega–, pero también con gobiernos progresistas como México y Argentina. El Congreso estadounidense aprobó el miércoles la ley “Renacer”, un arsenal de medidas para aumentar la presión contra Ortega y Murillo.
Acompañantes electorales
El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua acreditó el sábado a los “acompañantes electorales”, que darán seguimiento a los comicios. Según el Ejecutivo, provienen de Abasia, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Osetia, Rusia, Honduras, EEUU, entre otros. EFE
