La práctica de abrir las sucursales departamentales ya se inició en el periodo pasado, pero se viene intensificando desde agosto, principalmente con los nuevos diputados, como en el caso de Alliana, que apenas asumió ya solicitó la contratación de varios funcionarios, tanto para su oficina en la sede central como para su departamento. En Pilar, según denuncias de varios pobladores, donde figuran ocho empleados, estos no cumplen funciones en la sede comunal y serían planilleros.
Pero el legislador colorado no es el único que realiza dicha práctica. Su también correligionario, José Adorno, representante de Alto Paraguay, cuenta con seis funcionarios distribuidos en tres distintas oficinas.
Adorno asegura que le paga a cada funcionario unos 500.000 guaraníes de su dieta parlamentaria y anunció que desde febrero abrirá otra oficina.
Unos 23 funcionarios ya fueron contratados para cumplir sus funciones en solo 8 de las sucursales instaladas recientemente en el interior del país. Esto sin mencionar las habilitadas en el periodo pasado y sin contar con el número de empleados en unas tres oficinas más instaladas por los nuevos legisladores.
La apertura de sucursales es el nuevo método que encontraron los diputados para colocar a sus operadores.
Los legisladores argumentan que con la apertura de las oficinas en sus respectivos departamentos se le facilita a la gente realizar gestiones, sin que tengan que llegar hasta Asunción, a la sede del Congreso, y para que no incurran en gastos innecesarios.
Otros legisladores que cuentan con oficinas en el interior son los colorados Félix Ortellado, Cristina Villalba y Fredy D’clessis. Por el lado de los liberales están Amado Florentín y Carlos Portillo.
La apertura se realiza por medio de una resolución de la Presidencia de la Cámara.