“Llegar a cargos en el Estado es para la élite política paraguaya una forma de patrimonialización. Es decir, de acceso a patrimonios y beneficios que no le serían alcanzables por fuera de esa práctica de gobierno y gestión”, señaló.
Alegó que tener un cargo en el Parlamento premia al mismo tiempo con tres elementos fundamentales: fueros para acciones cometidas en el ejercicio de sus funciones, un pacto que garantiza la impunidad mediante el cerramiento de causas y licuación de responsabilidades.
A la vez, les permite un gran caudal de poder económico y decisiones con los cuales logran usar las estructuras del Estado con fines privados (empleados personales pagos con dinero público, acceso a inmuebles y vehículos, traslado, pasajes, etc.). “Es importante entender que hay acuerdo entre pares por el cual los diferentes sectores de congresistas (no necesariamente del mismo partido) hacen un esfuerzo por minimizar la responsabilidad y disminuir la relevancia del hecho de corrupción”, añadió.
Apuntó que todo lo mencionado funciona como un elemento intrínseco a la práctica parlamentaria.
“El riesgo de denunciar y desnudar la cadena de corrupción implica que muchos más actores queden involucrados y que la denuncia de uno signifique desnudar hechos que exceden al Congreso e incluyen, por ejemplo, al Ejecutivo, a la Justicia y al sector económico privado.
Expresó que a esto se le suma el papel desempeñado por la Justicia, muchas veces envuelta en estos mecanismos, con una participación altísima en la litigación de sucesos políticos.
Como ejemplo recordó la confirmación de las candidaturas incompatibles como la de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos al Senado.
“Así se conforman dos circuitos paralelos de ejercicio de la Justicia: uno es aquel que sanciona acciones ilícitas de los protegidos por este pacto entre pares de la élite política, y otro, el que imparte penas para aquellos que hayan violado la ley por fuera de este acuerdo”, expuso López.