Un potente mensaje fue emitido ayer a través de un comunicado que fue firmado por más de 70 referentes empresariales, artísticos y sociales, quienes exigen la renuncia de la alta funcionaria.
Entre los firmantes figuran Aramí O’Hara, Bruno Defelippe, Berta Rojas, Ana Brun, Ricardo Flecha, Verónica Serafini, entre otros.
Señalan su preocupación ante el “grave deterioro institucional” a causa de una Fiscalía General “sometida a poderes fácticos”.
Indican que las instituciones encargadas de impartir justicia actúan de manera arbitraria y apuntan al problema de la impunidad en la corrupción pública. “Evidentes casos de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito tuvieron investigaciones fiscales deficientes y condenas irrisorias que aseguran su impunidad”, expresa el texto.
En el comunicado se destacan casos graves que apenas tuvieron investigación fiscal, como el lavado de dinero en un banco estatal, por el que estuvo procesado el brasileño Darío Messer, vinculado al ex presidente de la República Horacio Cartes; la fracasada obra del Metrobús que califican como estafa, y la firma del acta secreta de Itaipú por los gobiernos de Mario Abdo y Jair Bolsonaro. “Que, en contrapartida, (la Fiscalía) criminaliza demandas de derechos y garantías constitucionales, castigando a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad”, reclaman.
Los firmantes resaltan la protección política que se otorga a personas con poder y la alta corrupción en el país. “La impunidad asegurada a delincuentes con poder y protección política, y la ausencia de seguridad jurídica, posicionan al Paraguay en los peores lugares del ránking regional de corrupción y debilidad institucional. A casi tres décadas de la Constitución de 1992, este grave deterioro de la Fiscalía General amenaza con quebrar el ya debilitado estado de derecho en el Paraguay”, asevera el comunicado.
Por tanto, piden que la Justicia sea saneada y piden involucramiento a la ciudadanía. “Exigimos la renuncia de Sandra Quiñónez como titular de la Fiscalía General, para dar inicio al saneamiento de la Justicia en el Paraguay. Convocamos a toda la ciudadanía a sumarse a este pedido, y llamamos a los partidos con representación parlamentaria a tomar medidas conducentes a restaurar el imperio de la ley”, concluye.
Los sectores de oposición esperan que legisladores colorados escuchen a los miembros de la sociedad civil que elevaron su pronunciamiento.
Luego de la prisión del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, reflotó la intención de presentar un pedido de juicio político a la fiscala general, pero debido a la falta de números en la Cámara de Diputados, esperan lograr acuerdos para que sea posible.
Ya el pasado año, el diputado liberal Édgar Acosta presentó un pedido de juicio político, pero tuvo el rechazo de la mayoría colorada.
El efrainismo estaría conversando con Colorado Añetete para lograr acuerdos y sumar los votos necesarios para el juicio político, y en ese marco, salvaron de la censura al jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor.
Quiñónez fue designada fiscala general durante el gobierno de Cartes, y es acusada de actuar como su aliada, favoreciendo al sector.
En un comunicado, más de 70 referentes sociales se muestran preocupados por el sometimiento de Sandra Quiñónez a poderes fácticos y piden a los partidos políticos tomar medidas contundentes.