El abogado Víctor Dante Gulino, nuevo defensor del legislador, promovió un recurso de reposición y apelación en subsidio en contra de la resolución que fijaba la audiencia preliminar y que lo podría enviar a prisión preventiva, exactamente como sucedió con su colega y correligionario Miguel Cuevas.
Lo que pretende es que el mismo juez revoque su resolución de fijar la preliminar. Si no lo hace, solicita que el Tribunal de Apelación en lo Penal revise la decisión del juzgador. Con ello, si el juez hace lugar al pedido, deberá suspender la audiencia. Si lo rechaza, deberá conceder la apelación subsidiaria y remitir al Tribunal de Apelación el expediente, con lo que la audiencia de hecho está suspendida.
Esta es la tercera vez que Tomás Rivas logra suspender la preliminar.
La primera vez que suspendió fue el 26 de diciembre pasado, cuando presentó un reposo médico de 72 horas, con lo que el juez le citó para el 10 de febrero de este año, para el segundo intento de audiencia, pero en esa fecha el diputado hizo un sorpresivo cambio de abogado defensor, con lo cual consiguió la segunda demora.
Desde mayo de 2018, el diputado colorado cartista por Paraguarí Tomás Éver Rivas viene evitando rendir cuentas ante la Justicia, protegido por sus pares y recurriendo a numerosas chicanas, luego de que una investigación periodística de este diario, en febrero de 2017, demostró que hacía figurar a tres empleados suyos como empleados del Congreso y les pagaba con dinero público, pero les hacía trabajar en su comercio y sus residencias.
Todo se inició en febrero de 2017, cuando una investigación periodística de Última Hora pudo demostrar que Tomás Rivas hacía figurar a Lucio Romero, Nery Franco y Reinaldo Chaparro como empleados de la Cámara de Diputados. Ellos cobraban salarios del erario público, pero en realidad uno era empleado de un comercio familiar de Rivas en Ybycuí, otro era casero en una residencia del legislador, ubicada en Lambaré, y otro estaba trabajando en su quinta en el Departamento de Paraguarí.
El caso fue presentado con evidencias fotográficas y filmaciones, después de un seguimiento de varios días por parte de los periodistas, logrando demostrar que era un caso igual al de los “caseros de oro”, del ahora ex diputado colorado José María Ibáñez, quien reconoció ante la Justicia que había pagado a tres empleados particulares también con sueldos del Congreso, caso por el que fue privado de su investidura como legislador.
Este es uno de los casos emblemáticos de corrupción política que, permitiendo las maniobras dilatorias, deja al descubierto la vulnerabilidad de la Justicia, dejando también abierta la puerta a la impunidad. La ciudadanía no se merece una clase política nefasta, perniciosa y deshonesta.
