Tras varios días de estudio, el magistrado de Garantías Gustavo Amarilla admitió la imputación contra 262 personas por presunto cobro indebido de honorarios en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
Además, el magistrado comunicó a Diputados el proceso contra el legislador liberal Fernando Nicora López Moreira.
La comunicación fue hecha vía oficio, de conformidad con el artículo 191, última parte de la Carta Magna, que señala el procedimiento para el desafuero del legislador.
Además del oficio donde comunica el proceso formado, la imputación en su contra por parte de la fiscala Liz Nadine Portillo, remitió también tres tomos de las copias autenticadas de la carpeta fiscal, con los antecedentes contra el diputado Nicora.
Ahora, será la Cámara Baja la que deberá examinar los antecedentes del proceso y por mayoría de dos tercios resolverá si se hace o no lugar al desafuero.
Luego, comunicará la decisión, sea positiva o negativa, al juez de la causa. En caso de darse el desafuero, finalmente, el juez Amarilla admitirá la imputación contra Nicora y le citará para la imposición de medidas cautelares.
El legislador está imputado por presunta lesión de confianza.
Nicora fue imputado por supuestamente contratar durante su gestión al frente de la ANNP a 262 personas que en realidad trabajaban como operadores políticos de su partido, el PLRA, en la campaña para las elecciones generales del 2013.
PROCESADOS. Al mismo tiempo, el magistrado Amarilla también admitió la imputación contra los 262 operadores políticos contratados por Nicora, quienes cobraban salarios, pero no trabajaban en la institución.
No obstante, el juez deberá ordenar la agenda de modo a poder compaginar nada menos que las 262 audiencias para cada uno de los procesados por el Ministerio Público.
Según la imputación de la fiscala, en el transcurso de los meses de noviembre y diciembre de 2012, el entonces presidente de la ANNP realizó la contratación masiva de personas. En total, fueron 352 funcionarios, con fondos de recursos institucionales.
Estas contrataciones, añade la fiscala, fueron aprobadas mediante resoluciones de la presidencia de la ANNP y los contratos suscriptos por Nicora López Moreira.
CONTROL. La agente del Ministerio Público sostiene que en todo el periodo en el que ocurrieron los hechos, el presidente de la institución no implementó un sistema de control eficiente que “imposibilitara el cobro de sumas no debidas a personas, que al parecer, no habrían trabajado para la institución”.
La Fiscalía apunta que durante la investigación, tuvieron indicios de la existencia de contrataciones supuestamente irregulares realizadas en el periodo comprendido entre los meses de noviembre y diciembre del 2012.
Según afirma la imputación, se dieron “presuntamente situaciones tales como la contratación y posterior pago a personas que no habrían prestado servicio alguno para la institución, e incluso la presunta existencia de doble remuneración estatal...”
Añade que “algunos contratados eran funcionarios permanentes o contratados en otras instituciones públicas al momento en que estuvieron contratados en la ANNP.
“Estos hechos, al parecer, habrían causado un importante perjuicio económico a la Administración Nacional de Navegación y Puertos”, señala el escrito.
En total, según los cálculos del Ministerio Público, el daño patrimonial sería de G. 610.185.153, durante los meses de noviembre y diciembre del 2012.
Ahora, se espera la resolución de la Cámara de Diputados con relación al proceso formado en contra del legislador.