En las últimas semanas, se multiplicaron los desalojos por órdenes judiciales en zonas donde se presume está ubicada la finca. El Estado paraguayo pagó G. 44.000 millones por estas tierras, cuya ubicación nunca fue muy clara, pero se presume que abarca los barrios Pablo Rojas, Che La Reina, Maria Auxiliadora, La Blanca y Don Bosco.
“Solicitamos una medida cautelar de hecho y de derecho sobre toda la finca 66, mientras dure la mensura judicial. En otras palabras que paren todos los desalojos, mientras se discute judicialmente los límites y documentos”, refirió el abogado Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este.
“Estamos hartos de ver violencia y persecuciones. Queremos una solución pacífica y justa. Otra cosa, que algunos políticos dejen de culparme por los desalojos, que son ordenados por jueces, no por los intendentes. Dejen de engañar a la gente. Información es libertad”, agregó. Prieto fue atacado por sectores que se oponen y critican a su gestión.
El abogado de la Comuna local, Wilmer Ramón Cuevas, mencionó que existe una mensura judicial en plena ejecución. Dijo que se justifica plenamente la necesidad de mantener el “status quo” hasta tanto se determine con precisión los límites y linderos de los inmuebles individualizados. Mencionó que desde que se concretó la expropiación de ambas fincas, por ley 35/90 se ha desatado una encarnizada lucha social por más de 25 organizaciones sociales. WF
