En un plazo de diez días hábiles, la Municipalidad de Asunción deberá informar sobre gastos realizados en el marco de la declaración de emergencia por Covid-19, entre el 10 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, durante la administración de Óscar Rodríguez (ANR). Se busca conocer en qué se destinaron cerca G. 21.000 millones.
Fue lo resuelto por la jueza Marcela Fernández, quien hizo lugar al pedido de amparo constitucional sobre acceso a la información pública presentado por Johana Ortega, candidata a intendenta (alianza Asunción para Todos).
El Municipio, ahora a cargo de César Ojeda (ANR), deberá brindar detalles de los gastos particularmente en contratación de empresas. También se solicita copia de los contratos celebrados con las firmas privadas para la adquisición de bienes e insumos, así como documentos respaldatorios requeridos por la Municipalidad para la contratación de las mismas que demuestren idoneidad y solvencia. Además de copia de las facturas de dichas firmas y de los cheques o cualquier instrumento de pago utilizado para el pago de los servicios o insumos proveídos.
Ortega ya había solicitado a la Municipalidad un informe en su carácter de contribuyente y debido a la falta de respuesta a su pedido de información pública recurrió al amparo judicial.
En la nota remitida como respuesta por la Municipalidad, a través de Ojeda, se insinuó que el pedido de Ortega tiene un trasfondo político y no se brindó la información requerida.
PRESUPUESTO. La Intendencia remitió informe a la Junta Municipal tras reiterados pedidos para conocer los detalles de la ejecución de fondos ante la pandemia. Pero según el concejal Federico Franco Troche (JP), la respuesta no contiene los informes solicitados. “No se adjuntan los datos de contratos, montos, empresas adjudicadas, procesos licitatorios iniciados. Entonces es incompleto, no se tiene tal como se solicita en todas las declaraciones de emergencia”.
El ejecutivo municipal también presentó tres pedidos de ampliación presupuestaria en el mes de agosto de este año. Uno de ellos es por un monto total de G. 4.500.000.000 que señalan es en el marco de la declaración de emergencia por Covid-19.
Sin embargo, el tratamiento de este último pedido citado ya fue postergado cuatro veces. Llamativamente cuando el dictamen aparece en el orden del día, pero no existen los votos necesarios, los oficialistas solicitan que vuelva a comisión “para mejor estudio”.
Los otros pedidos, que fueron retirados y la Intendencia volvió a presentar, son: ampliación presupuestaria de G. 7.166.308.890 para ajuste de los salarios de contratados, jornaleros y beneficios sociales, reprogramación de ingresos de G. 170.026.819.688 y el pedido de ampliación de ingresos y gastos, por un monto total de G. 44.229.650.504.
